La presentación de dos hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional anunciaron los abogados del expresidente Pedro Castillo en una conferencia de prensa donde también participaron personajes que fueron funcionarios de su gobierno, como el exministro de Trabajo Íber Maravi y el exministro de Defensa, Walter Ayala. Además, se contó con la presencia de Yenifer Paredes, sobrina de Castillo.
Los abogados Eduardo Pachas y Walter Ayala denunciaron irregularidades en el proceso judicial y manifestaron que la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido informadas sobre el presunto golpe de Estado que, según sostienen, ha sufrido Castillo. Los letrados instaron a la acción del Tribunal Constitucional y solicitaron la renuncia de la actual presidenta, Dina Boluarte.
La defensa afirma también que posee un audio de la secretaria del Ministerio de Defensa, Lidia Sánchez Camada, en el cual ella denuncia cómo se llevó a cabo el supuesto golpe de estado liderado por militares contra Pedro Castillo. Además, se hizo referencia a un video que muestra el momento en que las fuerzas policiales detienen al exmandatario mientras intentaba llegar a la embajada de México.
Por su parte Íber Maravi informó sobre acciones de amparo emprendidas contra las decisiones el Congreso de la República, señalando que, según los abogados, estas habrían sido tomadas de manera ilegal e inconstitucional.
Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate, mientras es investigado por el presunto delito de rebelión luego de que el 7 de diciembre dispusiera el cierre del Congreso y la reorganización de diversas entidades autónomas. Su reclusión inició en diciembre del 2022. La Fiscalía de la Nación investiga su proceder como presidente y los presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato en Palacio de Gobierno.
En agosto de 2023, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima rechazó un hábeas corpus presentado a su favor por su hermana Irma Castillo. Ese juzgado declaró su improcedencia al no encontrar una verdadera base legal en el recurso: “No se advierte que dicha orden de prisión preventiva sea desmedida a los hechos imputados ni mucho menos que vulnere los derechos que invoca la parte accionante”.
Con información de La República
(JA)
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