SANTIAGO.- La Corte Suprema de Chile amplió los delitos por los que se extraditó a Perú a Alberto Fujimori (1990-2000) en septiembre del 2007, por cinco casos ligados con graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos esterilizaciones forzadas, cometidos en su gobierno, se conoció este lunes.
La ministra instructora, Andrea Muñoz Sánchez, indicó que en la resolución en los cinco casos acogidos, se cumplen los requisitos para acceder a ampliar los cargos por los que se pide la extradición, contenidos en el tratado que sobre la materia suscribieron Perú y Chile, así como en las convenciones internacionales de Belém do Pará, Cedaw y el Estatuto de Roma, entre otros.
Para la magistrada, «existen a lo menos presunciones fundadas o indicios razonables» que Alberto Fujimori promovió «una agresiva política de planificación familiar» a fin de aplicar «preferentemente y de manera masiva un sistema de anticoncepción quirúrgica» a mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbanas marginales y de pueblos indígenas, «a través de la imposición de metas, cuotas de captación de pacientes, incentivos y sanciones a funcionarios de la salud».
De acuerdo con Andrea Muñoz, eso llevó a «prácticas que pasaron por alto el debido consentimiento informado» de a quienes se les sometió a estas técnicas, y en «un número elevado de mujeres que perdieron de manera permanente y, en forma no voluntaria, su capacidad reproductiva, sufriendo además muchas de ellas otras lesiones en su integridad física y psíquica, llegando en algunos casos incluso a la muerte”, establece el fallo.
Se trata de, por lo menos, la tercera ampliación de delitos en la extradición de Alberto Fujimori Fujimori.
La primera ocurrió en junio del 2017 por homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en el caso Pativilca, también perpetrado por el grupo Colina en 1992.
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En la segunda ampliación en enero de 2024 se aceptó por suministro ilegal de armas de fuego, falsedad genérica, conspiración y otros.
Alberto Fujimori dejó en diciembre pasado la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad luego de que el Tribunal Constitucional restableciera el indulto otorgado en diciembre de 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Foto Andina