El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, los abogados Romy Chang y Carlos Caro cuestionaron el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso para que los jueces y fiscales sean sancionados por asuntos vinculados a las decisiones que toman.
Maldonado opinó que la norma tiene como objetivo “neutralizar la capacidad punitiva del Estado” respecto de su deber de investigar y sancionar graves delitos. “Particularmente parece que se trata de los delitos de corrupción de sus asociados, amigos y aliados”, expresó.
“El dictamen recoge proyectos que vulneran todos los estándares internacionales imaginables, que regulan las conductas de jueces y fiscales, como el Código de Ética Iberoamericano, los principios básicos sobre la función de los jueces, etc.”, subrayó.
Ahora en Comisión de Justicia, se debate pre dictamen para PROHIBIR a los fiscales o jueces que solo pidan o aprueben comparecencia restringida para el policía que haga uso de armas en el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente se incorpora que el Fiscal NO puede solicitar… pic.twitter.com/bxQiZWPheS
— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) June 26, 2024
La abogada Romy Chang señaló que la norma es peligrosa porque interviene en “el criterio jurisdiccional de los jueces” y “le da una herramienta los delincuentes para cuestionar las decisiones judiciales, por ejemplo, las vinculadas con la prisión preventiva y la detención preliminar”.
“Lamentablemente estos proyectos de ley terminan beneficiando a la delincuencia organizada porque ponen en duda el buen criterio judicial que tienen los magistrados. Para llegar a este puesto pasan por diversos exámenes y siguen una carrera que les permite ocupar el cargo, por tanto, tienen el criterio adecuado para tomar decisiones frente a casos de prisiones preventivas y detenciones preliminares. Entonces, colocar en un proyecto de ley que si ellos cometen un error o resuelven de manera que no guste puedan ser cuestionados, permitiría a los delincuentes es iniciar procesos contra ellos”, dijo.
Comisión del Congreso aprueba proyecto de ley que busca intimidar a jueces y fiscales. Testigo protegido acusa al congresista Darwin Espinoza de borrar archivos de computadoras de su oficina. El Perú es el segundo productor mundial de coc4ín4.
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Carlos Caro advirtió que se trataría de una norma “inconstitucional”, además de tener “varios vicios” a nivel procesal penal.
Para el abogado penalista, no sería correcto sancionar a los jueces por el “simple hecho de dictar una detención preliminar”. Prácticamente, los estarían castigando por hacer su trabajo. “Las vías correspondientes son la apelación, la casación y en el último caso se puede acudir al Tribunal Constitucional”, subrayó.
Texto: WSV
Foto: Composición
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