El Poder Judicial ordenó a diversas entidades del Poder Ejecutivo entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas sociales ocurridas en nueve departamentos del país a finales de 2022 e inicios de 2023, como parte de la investigación que se desarrolla en torno a estos sucesos.
La decisión la emitió la Sala Penal Permanente, a cargo del juez supremo César San Martín.
“Poder Judicial ordena a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior cumpla con entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023”, detalla este poder del Estado en su cuenta de X.
El colegiado supremo declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de estas tres entidades en la investigación contra la mandataria Dina Boluarte, el exjefe del Gabinete Alberto Otárola y otros.
El fallo establece que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”, y añade que se estaría ante presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
En su resolución, la sala suprema determina además que el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos, a fin de evitar riesgos añadidos a la seguridad pública.
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En enero de 2023, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola, entonces presidente del Consejo de Ministros, por las muertes en protestas sociales en diferentes regiones.
“La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, indicó entonces el Ministerio Público.
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