El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se conectó a la audiencia por el juicio oral por el caso de la Masacre de Pucayacu y la desaparición del periodista Jaime Ayala, reveló la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, lo cual interpretó como un acto de intimidación a los jueces.
“Hace poco unos días una audiencia del caso de las desapariciones y los cuerpos hallados en las fosas en Pucayacu y la desaparición del periodista Jaime Ayala, que fue justamente en el año 1984 en manos de efectivos de la Marina de Guerra que estaban acantonados en Huanta, ¿Quién crees que estuvo vinculado ahí mirando el juicio oral? El congresista José Cueto”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“La presencia del congresista José Cueto en esa audiencia, con su fotografía y su medalla es un mensaje a los jueces. Entonces, estamos frente a una acción de intimidación del Congreso porque saben que todavía hay jueces y fiscales en el Perú que saben de derecho y que saben que las sentencias de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculantes”, subrayó.
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José Cueto nunca estuvo vinculado al caso
En otro momento, la directora de Aprodeh señaló que el congresista se conectó con la intención que lo vean y ver qué pasaba con los marinos acusados por este caso. Indicó que lo que quiere el Congreso de la República con esta Ley de Amnistía es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH) se quede atada de manos.
“El congresista José Cueto, autor de la Ley que limita alcances de delitos de lesa humanidad, se conectó a la audiencia para ver qué le pasaba con sus camaradas de la Marina de Guerra. Él no está vinculado al proceso, pero estaba como público para que lo vean. Y justamente el abogado de los marinos había presentado como una pieza hacer debatida este proyecto de ley que ha sido sancionado el día de hoy. Y van a tratar a presionar a los jueces,
“Lo que quiere el Estado [con esta ley de Amnistía] es que la Corte – IDH tenga las manos atadas, poder llegar hasta el sistema interamericano, tener un fallo que obligue al Estado hacer justicia, sin embargo, que ellas puedan reírse de esa sentencia. Y eso no es el asunto, nosotros tenemos legitimidad para poder accionar, la Corte – IDH también tiene competencia para poder accionar ante los requerimientos”, acotó.
El caso es llevado por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, presidida por la jueza superior Miluska Cano López y conformada por los jueces superiores Otto Verapinto Márquez y Pascual Ruíz Navarro.
En este proceso los acusados son los altos mandos militares de la Marina al momento de la desaparición (1984): Alberto Rivera Valdeavellano, jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar; y Augusto Gabilondo García del Barco, jefe de la Base contrasubversiva de Huanta.
Texto: WSV
Foto: Composición
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