La Defensoría del Policía informó que interpondrá una denuncia contra el magistrado del Poder Judicial por la liberación de un sujeto que intentó arrollar a una agente de la Policía Nacional en una legítima intervención realizada el último 27 de agosto en la ciudad del Callao, informó el Ministerio del Interior (Mininter).
El juez, Lolo Fernando Valdez Pimentel del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la nueva sede central del Callao, dispuso de forma errónea la libertad del agresor Carlos Augusto Galván Badaracco, de 57 años, pese a que el imputado reconoció que actuó con violencia en perjuicio de la suboficial de segunda PNP Claudia Paola Revolledo Mendoza, según se informa.
El director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez de la Cruz, afirmó que este hecho no puede quedar en la impunidad, por lo que habrá una denuncia ante los órganos de control del Poder Judicial de manera inmediata ante la negligencia del referido juez, quien intentó justificar su decisión por una presunta falta de evidencia.
“Es inaceptable que, a pesar de que exista una confesión por parte del agresor ante las autoridades y el testimonio de la agraviada e incluso de testigos, un representante del Poder Judicial haya emitido este fallo que no resiste análisis y sienta un mal precedente para la justicia en el país”, reclamó Ramírez, quien evidenció también la solicitud del Ministerio Público de nueve meses de prisión preventiva contra el agresor.
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El Mininter señala que Carlos Augusto Galván Badaracco no solo habría incurrido en el grave delito de tentativa de homicidio calificado al arrastrar por 20 metros con su vehículo a la suboficial, sino se lo debería procesado también por delito de violencia y resistencia a la autoridad, en la modalidad agravada, durante la intervención realizada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y Venezuela.
Ramírez de la Cruz precisó, además, que esta denuncia se encuentra en los lineamientos del titular del Interior, Juan José Santiváñez, quien garantizó una defensa legal oportuna a todos los buenos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, dentro del ejercicio constitucional de sus funciones, hayan intervenido a infractores de la ley.
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