Este es un artículo de opinión para IPS de Marco Knowles, jefe del Equipo de Protección Social de la FAO.
ROMA – En el mes de julio se dieron a conocer estadísticas alarmantes: 733 millones de personas sufrieron hambre en 2023, lo que representa una de cada 11 personas en todo el mundo. En África, las cifras son aún más desalentadoras: una de cada cinco personas padece hambre. El cambio climático es un factor clave en esta crisis.
Paradójicamente, las políticas destinadas a combatir el calentamiento global también pueden causar hambre, afectando especialmente a los pequeños agricultores de los países más pobres, a menos que se acompañen de medidas que reduzcan sus desventajas socioeconómicas.
Los cambios graduales en las temperaturas y los patrones de lluvia afectan negativamente el rendimiento agrícola, del cual dependen en gran medida las poblaciones más pobres. Además, eventos repentinos como inundaciones y sequías pueden devastar cultivos y ganado. Según el Banco Mundial, el cambio climático podría empujar a 135 millones de personas más hacia la pobreza para 2030. Es crucial tomar medidas urgentes contra el cambio climático para combatir la pobreza y el hambre.
Sin embargo, si no se gestionan adecuadamente, los esfuerzos para mitigar el cambio climático podrían poner en riesgo los avances en la erradicación de la pobreza y el hambre.
Un ejemplo reciente es el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que entró en vigor en junio de 2023. Este reglamento busca asegurar que los productos comprados y consumidos en Europa no contribuyan a la deforestación provocada por la expansión de las tierras agrícolas para la producción de ganado, madera, cacao, soja, aceite de palma o café.
Reducir la deforestación es esencial para combatir el cambio climático y puede beneficiar a los 1000 a 2000 millones de personas que dependen de los bosques para su sustento.
No obstante, los costos de estas políticas recaen desproporcionadamente sobre los pobres de las zonas rurales, quienes no tienen los recursos ni las capacidades para cumplirlas. Esto incluye a aquellos que actualmente dependen de la tala de nuevas tierras para ganarse la vida, una práctica que se estima representa alrededor de un tercio de la deforestación.
Gobiernos de 17 países de América Latina, África y Asia ya han advertido que el Reglamento de la Unión Europea está generando impactos negativos significativos entre los sectores más pobres de los países más pobres, en particular los pequeños agricultores.
Sin apoyo, enfrentan grandes dificultades para cumplir con los nuevos y complejos procedimientos y, a menudo, carecen de las capacidades y recursos necesarios para mantener o aumentar su producción agrícola sin expandir las áreas cultivadas.
Esta situación se agrava en un contexto de cambio climático que ya está reduciendo los rendimientos agrícolas.
Si bien los avances en la agenda climática deben seguir avanzando con determinación, es esencial considerar desde un inicio las compensaciones socioeconómicas de las políticas climáticas para los diferentes grupos de población, especialmente los más vulnerables.
Es imperativo respaldar y motivar a los países, sobre todo aquellos con altos niveles de pobreza y hambre, a combinar políticas verdes con iniciativas que permitan a los pequeños agricultores adaptarse a las nuevas condiciones o hacer la transición hacia medios de vida nuevos y dignos.
La protección social, que abarca políticas y programas destinados a abordar la pobreza y la vulnerabilidad, puede ser fundamental en la facilitación de estas transiciones.
A corto plazo, proporcionando ingresos regulares para compensar cualquier impacto social adverso de las políticas climáticas. A largo plazo, acompañando este apoyo financiero de asistencia técnica, capacitación e intervenciones en medios de vida que permitan a las personas adaptarse y prosperar bajo nuevos regímenes políticos.
Este enfoque ya se está implementando en varios países.
En China, una ley de protección forestal impactó a aproximadamente un millón de trabajadores forestales públicos y a 120 millones de hogares rurales al reducir el acceso a los recursos forestales.
Para mitigar estos efectos, los empleados públicos recibieron asistencia, como servicios de reinserción laboral, prestaciones por desempleo y planes de pensiones. Como resultado, dos tercios de los empleados afectados fueron transferidos a trabajos alternativos o jubilados, mientras que 124 millones de hogares se beneficiaron de una transferencia de ingresos.
En Brasil y Paraguay, la protección social y los programas agrícolas complementarios están ayudando a los hogares rurales a adoptar prácticas agrícolas más sostenibles y rentables.
El programa Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (Proeza) de Paraguay brinda apoyo técnico y dinero adicional a los hogares que participan en el programa insignia de protección social del país, Tekoporã.
Gracias a este, los pequeños agricultores están adaptando sus prácticas agrícolas para ser más resilientes a las sequías cada vez más frecuentes, al mismo tiempo que aumentan la producción de cultivos nativos como la yerba mate.
De manera similar, en Brasil, el programa Bolsa Verde ofrece pagos en efectivo a los beneficiarios del programa nacional de transferencias de ingresos, Bolsa Familia, a cambio de mantener o restaurar bosques, proteger las fuentes de agua y promover la agricultura sostenible.
Se debe alentar y apoyar a los gobiernos para que introduzcan y amplíen medidas de protección social, garantizando que los más pobres y vulnerables no carguen con el peso de abordar la crisis climática, mientras se promueven pautas de consumo ecológicas en las partes más ricas del mundo.
Debemos priorizar un enfoque que preste especial atención a las consecuencias sociales y ambientales de las políticas para abordar el cambio climático. Los programas de protección social desempeñan un papel fundamental en la construcción de un futuro que sea mutuamente beneficioso para las personas y el planeta.
Marco Knowles dirige el Equipo de Protección Social de la FAO. Sus áreas de especialización incluyen el aumento del acceso a la protección social en zonas rurales y el potenciamiento de la protección social para la acción climática. Cuenta con experiencia considerable en la prestación de asistencia basada en evidencia para políticas de seguridad alimentaria y en el apoyo al desarrollo de capacidades.
RV: EG
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