PANAMÁ – Unos 4,2 millones de venezolanos que han migrado a otros países de América Latina y el Caribe aún enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales y empleo formal, mostró una encuesta sobre sus necesidades realizada por la plataforma de ayuda que lideran agencias de las Naciones Unidas.
Los resultados “ponen de relieve las áreas en las que los gobiernos de acogida y la comunidad internacional deben hacer más para proporcionar soluciones sostenibles, protección y asistencia humanitaria”, dijo Eduardo Stein, responsable de la entidad.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) coordina tareas de ayuda bajo la orientación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los principales desafíos que enfrentan los migrantes y refugiados venezolanos son inseguridad alimentaria, acceso limitado al empleo formal, falta de documentación y dificultades para obtener atención médica y educación.
El estudio reconoce que 68 % de los 6,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas que viven en la región han obtenido el estatus migratorio regular o el reconocimiento de la condición de refugiado.
Destaca que solo en 2023, con el apoyo de socios de R4V, más de 1,3 millones se beneficiaron de actividades de seguridad alimentaria y nutrición, 700 000 recibieron atención médica, 240 000 encontraron vivienda, y casi 300 000 servicios de agua.
Otros 230 000 se beneficiaron de oportunidades de integración, saneamiento e higiene, unos 200 000 niños y niñas accedieron a educación, y más de 980 000 personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida recibieron asistencia especializada en materia de protección.
Sin embargo, estos logros son insuficientes para asegurar que todas las personas migrantes y refugiadas vulnerables tengan acceso a una vida digna y a derechos básicos, recalca el análisis de la plataforma.
Más de dos millones permanecen en situación irregular, debido principalmente al alto costo y a la complejidad de los procesos legales, así como a los estrictos requisitos de visado y entrada a los países de la región.
En los países andinos, según los datos de R4V, se concentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos: 2,86 millones en Colombia, 1,54 millones en Perú, 532 700 en Chile, y 444 800 en Ecuador, mientras que en Brasil hay 568 100.
Hay 164 000 en Argentina, 124 000 en República Dominicana, 113 000 en México, 58 000 en Panamá, 39 700 en Uruguay, 36 200 en Trinidad y Tobago, 31 000 en las islas neerlandesas del Caribe, 29 000 en Costa Rica, 21 700 en Guyana, 18 000 en Bolivia y 5300 en Paraguay, otros países alcanzados por la acción de R4V.
La encuesta abarcó más de 14 000 hogares, representando más de 41 500 personas refugiadas y migrantes de 17 países de América del Sur, Central y el Caribe.
Según el estudio, sobre el panorama laboral pesa el difícil escenario socioeconómico tras la pandemia covid-19, unido al aumento de la discriminación y la xenofobia en los procesos de contratación, y a las barreras para convalidar títulos profesionales.
Ello ha obligado a 82 % de las personas venezolanas que trabajan en la región a recurrir a empleos informales, con frecuencia en condiciones no dignas y mal remunerados. Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada, y a menudo reciben salarios más bajos.
Se indica que 42 % de los hogares venezolanos encuestados tienen necesidades de seguridad alimentaria debido al alto costo de vida en la región y las dificultades para obtener empleos formales y salarios justos.
Muchas personas pasan días enteros sin comer, priorizando las necesidades de sus hijos e hijas, y recurren a la mendicidad como medio de subsistencia.
Además, uno de cada cinco hogares encuestados carece de vivienda estable, y algunos se ven obligados a dormir en la calle, debido a falta de ingresos suficientes y a las actitudes xenófobas de algunos propietarios.
Desesperadas por cubrir sus necesidades básicas, muchas personas venezolanas emprenden viajes peligrosos para cruzar fronteras, como el selvático “tapón del Darién” entre Colombia y Panamá, exponiéndose a riesgos como la violencia, la extorsión, los robos, la explotación, la trata de personas, y otros peligros.
A ellas se unen personas migrantes y refugiadas vulnerables de otras nacionalidades, como ecuatorianas, colombianas y haitianas, que se enfrentan a riesgos similares.
Alrededor de 89 % de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de otras nacionalidades que recurren a estos movimientos requieren ayuda humanitaria urgente, como alimentos, alojamiento y protección, entre otros derechos esenciales.
Por su parte, Karin Hulshof, directora regional en funciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recordó que “la cuarta parte de los migrantes de América Latina y el Caribe son niños, y como tales tienen derecho a la protección y a la unidad familiar”.
Además, hizo hincapié en que los niños migrantes tienen derecho a solicitar asilo y a no ser devueltos a lugares donde su vida o bienestar corran peligro.
R4V llamó de nuevo a la cooperación internacional para sus programas, pues hasta la fecha solo ha recibido 13,3 % de los 1590 millones de dólares solicitados por los socios en su del Plan de Respuesta Regional 2024, en tanto prepara un nuevo plan para el bienio 2025-2026, el cual se presentará en diciembre de este año.
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