La Junta Nacional de Justicia manifestó hoy sus cuestionamientos frene a los cambios dispuestos por la Comisión de Constitución del Parlamento al Nuevo Código Procesal Constitucional, en medio del proceso competencial que afronta en el Tribunal Constitucional y que, para la junta, “podrían afectar la seguridad jurídica del país”.
En un comunicado, señaló que estas modificaciones aprobadas en la sesión de este martes del referido grupo de trabajo podrían limitar la eficacia de las acciones constitucionales ante eventuales vulneraciones de derechos del Congreso.
“La citada iniciativa, entre otros aspectos, reduce de cinco a cuatro los votos para emitir sentencia en un proceso competencial”, precisó la Junta Nacional de Justicia.
Este cambio de reglas – continúa- se impulsa en medio del proceso ante el Tribunal Constitucional en el que, por más de dos meses desde la vista de la causa, se espera su pronunciamiento por la demanda del Poder Legislativo contra el Poder Judicial.
Y agrega: esta demanda competencial, “podría afectar la composición del pleno de la JNJ, así como derechos fundamentales de dos de sus miembros, hasta ahora amparados por sentencia judicial”, en referencia a Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la junta restituidos luego de un fallo judicial que anuló la inhabilitación que aprobó el Congreso.
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El grupo de Constitución y Reglamento del Congreso, a cargo de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) aprobó por 14 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley 4145/2022-CR, 4203/2022-MP, y otros, que modifica la Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional.
De acuerdo con la propuesta, se trata de fortalecer los fines de los procesos constitucionales, agrupando unos trece proyectos de ley que, después del debate y votación de la comisión, modifican el artículo VI del Título Preliminar y los artículos 6, 42, 101, 110, 111 y 112, además de incorporar el artículo 79-A a la Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional.
Para la Junta Nacional de Justicia, estas modificaciones se deben efectuar luego de un amplio debate en torno a las consecuencias que pueden generar, con participación de poderes públicos, órganos constitucionalmente autónomos, así como colegios de abogados, además de la comunidad jurídica.
Foto Congreso