La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el escalamiento de los conflictos sociales en el departamento de Loreto, muchos de los cuales se manifiestan mediante el bloqueo de las vías fluviales. De acuerdo a información recogida por la institución, hasta el momento la región registra 32 casos, que representan el mayor número a nivel nacional.
Desde julio de 2024, el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo registra un conflicto social relacionado con demandas de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (Feconabat) hacia el gobierno nacional y el Gobierno Regional de Loreto respecto a la remediación ambiental, la implementación de un plan de desarrollo y un plan de cierre de brechas para las comunidades en la cuenca del río Tigre.
Tras una reunión inicial, en la que se logró deponer la medida de fuerza, se acordó continuar con el diálogo en una siguiente reunión. Sin embargo, en septiembre la Federación denunció mediante pronunciamiento público que no fueron convocados para la segunda reunión y exigieron la formalización del espacio de diálogo. Posteriormente, al considerar que hubo incumplimiento de los acuerdos, la Federación decidió radicalizar la medida de lucha con el bloqueo fluvial del río Tigre, que se mantiene hasta ahora.
De otro lado, desde septiembre de 2020, el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo registra el conflicto social denominado “Bloque Urarinas”, entre cuyas organizaciones destaca la Asociación de Comunidades Nativas Kukama Kumamiria (Aconakku) del distrito de Urarinas. Inicialmente, se estableció una dinámica de diálogo para atender las demandas relacionadas a infraestructura en los sectores de salud, educación y transportes; así como servicios de agua potable y saneamiento, entre otros.
No obstante, en un pronunciamiento público del último 14 de septiembre, la Aconakku denunció el incumplimiento de los compromisos asumidos en reuniones sostenidas entre los años 2020 y 2024.
Por lo tanto, exigieron sostener un nuevo diálogo con el Gobierno Regional de Loreto y el gobierno nacional en la comunidad nativa de Concordia, base de la asociación, para que se dé cuenta del estado del cumplimiento de los compromisos y se anunció el control territorial del río Urarinas como medida de protesta para exigir la atención a las demandas planteadas.
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