Poder Ejecutivo oficializa el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao

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El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Esta medida se oficializa en el decreto supremo 100-2024-PCM, publicado en una edición extraordinaria del boletín de normas legales de El Peruano.

Se declara de esta manera el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador (Lima) y en Ventanilla (Callao).

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene en ese tiempo el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA), para lo cual la institución policial establece las zonas donde se requiera este apoyo.

Asimismo, se aplica el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, sobre la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos con la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Respecto a la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme al Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza, y en el Título II del Decreto Legislativo que determina las reglas de empleo y el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su reglamento.

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Además, en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado por Decreto Supremo 002-2023-MIMP.

De igual modo, el Ministerio del Interior articula y gestiona, en favor de la PNP, las medidas requeridas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Migraciones, Sucamec, Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad de Lima y los gobiernos locales para que, dentro de sus respectivas competencias, coadyuven para el cumplimiento de lo dispuesto.

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De otro lado, señala que la implementación de las acciones previstas se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El decreto supremo cuenta con la firma de la presidenta, Dina Boluarte; del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén; y los titulares de Defensa, Walter Astudillo; Interior, Juan José Santiváñez; y de Justicia, Eduardo Arana.

Foto Andina

 

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