El Ministerio del Interior ya inició los procedimientos para conseguirle un abogado defensor a uno de los personajes claves en la trama del caso “Los Waykis en la Sombra”.
Jorge Luis Ortiz Marreros, el ex director general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior recibirá este beneficio, que además será costeado por el propio Mininter utilizando dinero público.
Durante su tiempo como alto funcionario en el Ministerio del Interior, Ortiz Marreros fue el máximo jefe de los prefectos a nivel nacional; cargos públicos que, según la Fiscalía, eran utilizados por el hermano de la presidenta como un botín político para la inscripción del Partido Ciudadanos por el Perú.
Requerimiento fiscal comprende también para Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Noriel Chingay Salazar y Jorge Chingay Salazar. pic.twitter.com/GZFEdLeP9L
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Ahora que está involucrado como investigado en un proceso penal en su contra por presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal, y tráfico de influencias en agravio del Estado y es investigado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Ortiz Marreros envió una solicitud para que sea el Ministerio del Interior el que asuma los gastos de su defensa legal.
Papel que Ortiz Marreros jugó en favor de Nicanor Boluarte
Según la Fiscalía de la Nación, Jorge Luis Ortiz Marreros ha sido identificado como un operador clave en una red criminal dedicada a la colocación ilegítima de subprefectos en Cajamarca y San Martín. Esta operación tenía como objetivo el control y financiación de actividades delictivas en dichos departamentos.
#AudienciasPJ Poder Judicial continúa la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra #NicanorBoluarte, #MateoCastañeda, Jorge Ortiz Marreros y otros, investigados por organización criminal y otros delitos. Siga por https://t.co/gzBtMgH8Dq pic.twitter.com/CYnxYeZXVa
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La investigación revela cómo utilizó su posición para influir en la elección de subprefectos. Este mecanismo no solo facilitó el copamiento de posiciones estratégicas dentro del Gobierno de Dina Boluarte, sino que también proveyó una fuente de financiamiento ilícito a la organización.
La tesis del Ministerio Público sostiene que el funcionario habría designado subprefectos a lo largo del país en base a propuestas de Noriel Chingay Salazar, Prefecto Regional de Cajamarca y supuesto miembro de una organización criminal. Este esquema de nombramientos, especialmente destacado en Cajamarca, se sustentaría en conexiones de amistad y no en criterios de mérito o competencia profesional.
Texto: WSV
Foto: Composición
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