El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), advirtió que el comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios es un delito que afecta la salud pública y, en sus modalidades de falsificación, recibe una pena que va desde los 4 y 10 años de prisión efectiva y 15 años de existir agravante.
“El artículo 294 del Código Penal señala que la venta, importación y comercialización de medicamentos con fecha de expiración vencida constituye delito que se castiga con penas no menores de 4 años de prisión, ni mayores de 8 años”, explicó José Brenis, director de Inspección y Certificación de la Digemid.
Subrayó que el comercio ilegal de medicamentos constituye un delito contra la salud pública, y también vulnera la propiedad intelectual. “Al distribuir productos farmacéuticos y dispositivos médicos falsificados se violan derechos de patentes y marcas, afectando a las empresas formales y su capacidad de invertir en investigación y desarrollo”, recalcó.
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El trabajo desarrollado por el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de Productos Farmacéuticos y Afines (Contrafalme), a cargo del Minsa a través de la Digemid, en el 2013 ha permitido armonizar el Código Penal con la Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios con el objetivo de tipificar como delito el comercio ilegal de medicamentos y determinar así las sanciones vigentes en la actualidad.
“Para contrarrestar esta problemática, la Digemid ha intensificado sus esfuerzos en el ámbito nacional para erradicar estas prácticas delictivas, que no solo afectan la seguridad del paciente, sino que también socavan la confianza en el sistema de salud”, precisó José Brenis.
Por otro lado, recomendó a la población adquirir medicamentos únicamente en farmacias y boticas formales, verificando que lleve el registro sanitario, fecha de vencimiento vigente, que las letras de las etiquetas estén bien definidas, sin adulteración y no pertenezcan a instituciones públicas.
