Luego de que se hicieran públicas las actas del Consejo de Ministros de los días 5 y 8 de julio del 2023, surgieron interrogantes debido a las diferencias en las firmas de la presidenta Dina Boluarte en estos documentos. Esto ha generado cuestionamientos sobre la veracidad de las firmas y el accionar de la mandataria por parte de diversos sectores.
El perito grafotécnico Augusto Arbaiza halló discrepancias entre las firmas de la presidenta registradas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y las que aparecen en un decreto supremo que autorizó el viaje del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, a Nueva Zelanda. Este documento fue firmado luego de su rinoplastia.
“En la pantalla tenemos las imágenes de la firma auténtica que consta en Reniec de la doctora Dina Boluarte y en la parte superior la atribuida a dicha funcionaria. Se visualizan ciertas divergencias como por ejemplo que la letra D inicia en forma recta descendente, mientras que en la cuestionada se inicia de forma curva. Estas divergencias nos permite colegir que la firma en la resolución suprema con fecha 8 de julio no correspondería a su titular”, mencionó el especialista.
Recordemos que el expremier Alberto Otárola confirmó que la jefa de Estado se operó antes de su mensaje del 28 de julio del 2023.
Veredicto final. La firma de presidenta Dina Boluarte en resolución suprema del 8 de julio 2023, tras cirugía secreta en nariz, no calza con rúbrica en Reniec. Así lo dice perito Augusto Arbaiza tras informe de «Hildebrant en sus Trece». Más detalles en #OcurreAhora @atv_noticias pic.twitter.com/3xxxilaQJY
— Alonso Ramos (@AlonsoRamosG) December 10, 2024
El penalista Luis Lamas Puccio señaló que, de comprobarse la falsificación, se configuraría un delito de falsedad agravada. «Si la firma no es auténtica, estaríamos ante un delito de falsedad agravada, ya que se trata de un documento público. Podrían identificarse instigadores (los que dispusieron que se haga factible adulterar y falsear la veracidad en cuanto a su contenido), cómplices (quienes facilitaron el acto) y autores (los que participaron avalando el documento). La pena podría llegar a 10 años de prisión«, sostuvo.
Mario Amoretti, abogado experto en Derecho Penal, opinó que el delito solo se configuraría si el contenido de los documentos difiere de lo aprobado oficialmente. «Si el contenido es distinto, estaríamos ante un caso de falsedad ideológica, lo cual también sería materia de investigación», explicó. Además, Amoretti señaló que, si se demuestra que las firmas no pertenecen a la presidenta, esta podría enfrentar hasta 10 años de prisión: «Por tratarse de un documento público, la falsificación de la firma conlleva esa pena», concluyó.
Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Alonso Ramos
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