Los abogados de Harvey Colchado consideraron hoy una decisión política arbitraria además de una “venganza” la decisión de pasar al retiro al coronel de la PNP, junto a su colega, Walter Lozano.
Indicaron que agotarán la vía administrativa para continuar con los recursos judiciales que lleven a anular la salida de los dos agentes de la Policía Nacional.
Luciano López y Miguel Arroyo informaron que cuentan con argumentos para calificar como una mentira que a ambos coroneles de la PNP se les haya separado de la institución con el fin de permitir que otros policías asciendan a coroneles.
“Totalmente”, replicó Luciano López consultado si se trataba de una decisión política.
“Para nosotros, estamos totalmente convencidos que esta es una venganza, y creo que es algo que la prensa ha testimoniado y la ciudadanía también”, añadió.
Este lunes se publicaron las resoluciones firmadas por el titular del Interior, Juan José Santiváñez que formaliza el pase al retiro de Harvey Colchado Huamaní “por causal de renovación de cuadros por proceso regular”, así como el coronel PNP Walter Lozano.
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Ambos pertenecieron al equipo especial de la PNP que apoyaba al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y estuvieron en el allanamiento de la casa de Dina Boluarte en Surquillo por el caso Rolex.
Miguel Arroyo, otro abogado de Harvey Colchado, indicó que es falso el argumento respecto a que la permanencia de ambos altos oficiales de la PNP estaba “taponeando” la función policial de otros agentes del mismo rango, pues Walter Lozano tenía una antigüedad desde 1994 y Harvey Colchado de 1997.
“Dicen que no ha habido coroneles más antiguos que ellos a los efectos, precisamente, que por renovación de cuadros se les invite al retiro. Pero encontramos un nombre en la lista de un coronel, Huamán Santamaría, que era el puesto 19 y que tenía una antigüedad del 89 y una edad de 58 años y que no ha sido dado de baja. Si el tampón era Lozano y el tampón era Colchado, ¿qué hacemos con Huamán Santamaría?”, mencionó.
Indicó que agotarán la vía administrativa en el Ministerio del Interior, así como en la PNP si bien “evidentemente va a ser desestimado”. Luego, tomarán acciones judiciales.
Foto Andina