El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la difusión pública del acuerdo de colaboración suscrito en 2019 por el Estado peruano y la empresa brasileña Odebrecht.
De esta manera, será de acceso público en máximo cinco días el acuerdo que firmaron con esta firma el Equipo Especial de la Fiscalía que investiga las presuntas corruptelas y la Procuraduría del Caso Lava Jato, como establece un dictamen de la Segunda Sala del Constitucional.
De acuerdo con el TC, al margen de que se haya establecido en su día el «carácter reservado» del proceso, una vez terminado, la Carta Magna «permite que se recobre su carácter público».
«A partir de esta sentencia vamos los peruanos a exigir, y así tienen que entender los fiscales, conocer todos los convenios de colaboración eficaz suscritos con los diferentes investigados y procesados», afirmó al respecto el abogado Wilber Medina.
La Fiscalía justificó en su momento los pactos –un Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz suscrito en febrero del 2019, junto a un Acuerdo Complementario firmado en mayo de ese año– como una herramienta estratégica destinada a obtener información crucial con la que depurar responsabilidades en todos los niveles.
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