La Comisión de Fiscalización tuvo como invitado a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso, quién respondió a una serie de preguntas relacionadas con la denuncia periodística sobre una presunta red de prostitución en dicho poder del Estado.
El extrabajador llegó al Parlamento acompañado de su abogado, Benji Espinoza. Al inicio de su intervención, afirmó que se está mancillando su honor con dichas acusaciones y negó que trabajadoras del Parlamento hayan prestado ese tipo de servicios a congresistas y mucho menos a cambio de votos.
Indicó que la persona que lo propuso y contrató para el cargo fue el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. Sostuvo también que este año dejó de trabajar en la institución durante tres meses por el nacimiento de su menor hijo, tras lo cual fue recontratado.
El exjefe de la Oficina Legal rechazó también que durante su paso por el Parlamento se hayan organizado «reuniones con mujeres y tragos en departamentos» y que solo se habrían reunido por onomásticos.
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Como se recuerda, la denuncia sobre una presunta red de prostitución en el Congreso cobró relevancia tras el atentado que sufrió Andrea Vidal Gómez, extrabajadora de dicha área, quien fue ferozmente acribillada mientras se trasladaba en un taxi en La Victoria y falleció días después.
Torres Saravia confirmó ante el grupo de trabajo que fue él quien propuso a Vidal para trabajar en su despacho y aseguró que su vínculo solo era profesional.
En cuanto a Isabel Cajo y Alexandra Gil, otras jóvenes presuntamente involucradas, señalando que ellas ingresan a trabajar en abril de este año, cuando él ya no laboraba en el Parlamento.
Además, dijo no recordar en dónde se encontraba el día 9 de diciembre, en que se produce el atentado armado contra su extrabajadora, y atribuyó el hecho a la inseguridad ciudadana.
(ANDINA)