Argumentos de congresistas a favor de ley que limita el cierre del Real Plaza Trujillo
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La Ley Nº 31914, aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, ha vuelto al ojo público tras la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo el pasado viernes 21 de febrero, donde el colapso del techo del patio de comidas dejó al menos seis muertos y más de ochenta heridos.

Pues la norma mencionada limita la clausura de establecimientos solo a las áreas de riesgo y establece que las municipalidades deben levantar una clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas, reduciendo significativamente los controles de seguridad.

Se ha informado que diversos congresistas votaron a favor de esta ley, que además impide la clausura definitiva de un establecimiento sin un procedimiento administrativo sancionador previo, eliminando prácticamente esta posibilidad salvo en casos de revocación de licencias.

 

 

Este marco legal permitió que el Real Plaza de Trujillo siguiera operando a pesar de posibles deficiencias estructurales.

Esta ley fue impulsada por el fallecido congresista Hernando Guerra-García, de la bancada de Fuerza Popular. Según los registros del Congreso, sus principales defensores argumentaron que la norma beneficiaría a los pequeños y medianos empresarios, evitando sanciones arbitrarias y cierres prolongados.

Sin embargo, lo que no previeron es que esta misma legislación impediría tomar medidas drásticas en casos de riesgo inminente, contribuyendo a una de las tragedias más graves del año.

 

 

Alejandro Cavero (Avanza País): «La propuesta, colegas congresistas, busca regular los supuestos por los cuales las municipalidades pueden disponer la clausura de establecimientos comerciales. Con ello, se racionaliza la discrecionalidad que hoy tienen los gobiernos locales para imponer clausuras, muchas veces arbitrarias y desproporcionadas. Estas clausuras afectan a miles de emprendedores, cientos de miles —millones, diría yo— de emprendedores y pequeños empresarios en todo el país (…)».

Rosangella Barbarán (Fuerza Popular): «¿Cómo va a pagar la multa un negocio si lo cierran por dos días, tres días, cuatro días o por el tiempo que se le antoje a la autoridad? Y muchas veces se hace esto hasta con desconocimiento de las máximas autoridades. Por eso, tenemos que buscar que una sanción tan grave como el cierre temporal de un negocio sea conocida por la autoridad máxima del municipio, que vendría a ser el alcalde; o, en su defecto, las gerencias correspondientes (…). Es momento de que instituciones como la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) y los municipios entiendan que fiscalizar significa tratar de corregir el error».

Martha Moyano (Fuerza popular): «Hay que mencionar que el Estado, a través de algunos gobiernos locales, ha interferido y vulnerado, en múltiples ocasiones y de manera arbitraria e infundada, el ámbito de los derechos económicos de actores y agentes económicos. Como consecuencia de ello, hemos sido testigos de varios emprendedores expuestos a determinadas situaciones de abuso de autoridad, cuando no pocas e ineficientes autoridades alegan presuntas irregularidades o incumplimientos normativos para clausurar locales, que en una gran cantidad de casos ni se evidencian, menos se prueban o se justifican».

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Videos: Twitter Alfonso Mendoza Magan / Montana

 

 

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Los congresistas que rechazaron el cierre del Real Plaza Trujillo

 

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