Ante la declaratoria del estado de emergencia en varios distritos de provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Huancavelica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali, mediante el Decreto Supremo 021-2025-PCM, debido al impacto de daños ocasionados por lluvias intensas, la Defensoría del Pueblo recomendó a las Direcciones Regionales de Educación de los 7 primeros departamentos mencionados evaluar la reprogramación del inicio del año escolar 2025.
En algunos distritos incluidos en la declaratoria de emergencia, la infraestructura educativa se encuentra gravemente afectada por las intensas lluvias, lo cual representa un riesgo para niñas, niños, adolescentes, docentes y personal administrativo.
Es por ello que durante la vigencia de 60 días calendario de la declaratoria, deben ejecutarse acciones excepcionales, inmediatas y necesarias para atender la emergencia y avanzar con las labores de rehabilitación.
En el caso de las demás regiones comprendidas en la declaratoria de emergencia, como son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali, las autoridades educativas han informado que el inicio del año escolar se desarrollará con normalidad este lunes 17 de marzo de 2025.
La Defensoría del Pueblo recuerda que el Estado en su conjunto tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales, en especial de niñas, niños y adolescentes, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la integridad y la educación. Para ello, es indispensable que el retorno a clases se realice en espacios seguros y adecuados.
En ese sentido, considerando las obligaciones y las instancias descentralizadas del sector educación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado evaluar y adoptar medidas urgentes y oportunas, respecto a la reprogramación de la fecha de inicio de clases cuando sea necesario.
Recomendaciones para el 17 de marzo, primer día de clases de los más pequeños
Además, emitir las disposiciones regionales que formalicen dicha recalendarización del año escolar 2025, y la comunicación oportuna al Ministerio de Educación mediante los informes correspondientes.
“También instamos a las Direcciones Regionales de Educación garanticen el monitoreo permanente a las UGEL de su jurisdicción, a fin de asegurar que las instituciones educativas cumplan con el total de horas lectivas establecidas por ley. Nosotros también nos mantendremos atentos al cumplimiento en salvaguarda del derecho a la educación de los estudiantes”, enfatizó Juan José Velásquez Huerta, defensor adjunto para el Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo.
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