Reparaciones civiles por corrupción suman S/. 1,444 millones

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La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción declaró que las reparaciones civiles por cobrar por  concepto de delitos de corrupción ascienden a más de 1.4 mil millones de soles a agosto de este año, y anotó que el 98 por ciento de esta suma proviene de los casos Fujimori-Montesinos.

El informe de trabajo de este unidad del Consejo de Defensa Jurídica del Estado,reporta que la reparación impuesta por delitos de corrupción asciende a mil 444 millones 428,753.58 nuevos soles, pero a la fecha solo se ha cobrado apenas 19 millones 686,100.20 soles, lo que equivale a apenas un 1.3 por ciento del total.

El documento precisa que el monto pendiente de cobro asciende, exactamente, a 1,444 millones 742,653.38 nuevos soles. “Existe la gran deuda que se tiene al Estado, cuyos monto -en su mayoría (98 %)- deviene de los procesos que se conocieron en la exprocuraduría ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos, cuando se impusieron sumas altas por concepto de reparación civil”, señala dicha la Procuraduría. Asimismo, precisa que a los condenados (en los casos Fujimori-Montesinos), pese a la investigación patrimonial efectuada, no se les ha podido determinar un patrimonio sustancial para ejecutar dicho cobro.

La Procuraduría especializada también da cuenta que atiende, a nivel nacional, una carga de 28,071 casos por delitos de corrupción (entre investigaciones a nivel fiscal y procesos judicializados); y solo en Lima suman 3,191 casos, mientras que en el resto del país son 24,880 casos.

Cobros en 2015

En lo que va del periodo de enero a agosto del presente año, la Procuraduría Anticorrupción ha logrado un incremento significativo en el cobro de la reparación civil (54 %) respecto al similar periodo del 2014.

Entre enero y agosto, se cobró 2.8 millones de soles, frente a los 1.8 millones de soles del periodo igual en 2014.

“Esta política en la recuperación y cobro de la reparación civil ha determinado la implementación de estrategias para la ubicación, identificación e individualización del patrimonio de los condenados por delitos de corrupción”, señala la Procuraduría especializada en corrupción.

Asimismo, refiere que la puesta en marcha de los mecanismos necesarios  para la ejecución y cobro, ha significado “también un esfuerzo de los operadores a nivel nacional” para cumplir con los objetivos trazados. (Andina)

 

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