SANTIAGO DE CHILE.- El apoyo que los Gobiernos de América Latina y el Caribe han dado a los sectores más vulnerables a través de los sistemas de protección social ha sido clave para que la región sea la que más avances ha registrado en la lucha contra el hambre en las últimas décadas, afirmó hoy la FAO.
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostuvo en un informe difundido hoy en Santiago de Chile que las medidas de protección social sacaron de la pobreza extrema a unos 150 millones de personas en todo el planeta.
Y dentro de este panorama, América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor cobertura de los instrumentos de protección social sobre el quintil más pobre de la población, con una cobertura del 62,3% en promedio en el periodo 1998-2014, aunque hay mucha heterogeneidad entre los países.
«La protección social no es un gasto sino una inversión y sus resultados están a la vista en América Latina y el Caribe«, señaló el representante regional de la FAO, Raúl Benítez (foto).
Según la FAO, las políticas de protección social de los Gobiernos de la región han evolucionado desde el establecimiento de redes de contención para los casos más críticos a sistemas integrales de protección.
Y a nivel de programas, además de consolidar las iniciativas más emblemáticas, como las transferencias condicionadas de ingresos, los países han empezado a fortalecer las iniciativas para prevenir que las familias recaigan en la pobreza.
Una de las políticas que mejores resultados ha dado en Latinoamérica y el Caribe son las transferencias condicionadas, que operan en 21 países de la región apoyando a 129 millones de personas, cerca del 21% de la población total.
Estos programas han tenido impactos positivos en la nutrición, el acceso a la educación y la salud, la agricultura familiar y las economías locales, precisó la FAO.
Según el informe, 28 países latinoamericanos y caribeños tienen en marcha programas de transferencias de dinero sin condiciones y en 28 países funcionan planes de alimentación escolar.
Los principales desafíos para los próximos años son fortalecer la inclusión laboral y productiva de los hogares rurales pobres y consolidar la cobertura de protección social para todos los ciudadanos de acuerdo con sus necesidades específicas, con un fuerte énfasis en la población rural.