Eritrea figura en el primer lugar de la lista de países que tienen la prensa más censurada del mundo, seguido de cerca por Corea del Norte, escribe Pierre Haski, fundador y director de la web francesa Rue 89, haciéndose eco de la relación hecha pública el 21 de abril por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en Nueva York.
Los otros tres países que figuran en la lista son, por este orden, Arabia Saudí, Etiopía y Azerbaiyán.
Según el CPJ, en Eritrea “con frecuencia los periodistas tienen que hacer la difícil elección entre el exilio o la cárcel”. Incluso los reporteros de las agencias estatales temen que les detengan, añade el CPJ.
El informe sobre los países donde más se censuran los medios de comunicación es un extracto de la publicación anual del CPJ titulada «Ataques contra la prensa», que se hará pública íntegramente el próximo 27 de abril.
Para Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, “la tecnología permite ahora difundir información como nunca antes, pero la censura a la antigua sigue bien viva en los países que figuran en esta lista de la vergüenza. Con frecuencia nos centramos en comentar las nuevas formas sutiles de censura y control de la información, pero no olvidamos que se siguen empleando, y son extremadamente eficaces, los métodos brutales de encarcelamiento de disidentes, bloqueo de la información exterior y restricciones de acceso a los corresponsales internacionales”.
En este aspecto, tanto en Eritrea como en Corea del Norte son pocos los ciudadanos que tienen acceso a Internet y muy pocos los corresponsales extranjeros residentes habituales en ambos países.
En mayo de 2013, pocos días antes de la celebración del 20 aniversario de la independencia del país, Amnistía Internacional (AI) publicó un abrumador informe, con un lenguaje excepcionalmente duro, sobre el número de presos políticos eritreos calculado a partir de los testimonios de antiguos detenidos: AI facilitaba un mapa de las numerosas cárceles, hechas de contenedores metálicos abarrotados y calabozos subterráneos, donde diez mil presos políticos, detenidos en condiciones “de una crueldad “inimaginable”, ni siquiera sabían en qué lugar se encontraban, ni recibían noticias de su familia.