WASHINGTON.- Organizaciones de la sociedad civil de Colombia denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 70 muertes de líderes y reclamantes en el proceso de restitución de tierras, así como la «ineficacia» de la ley que lo regula desde hace cuatro años.
El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega (foto), afirmó que 40 de esas personas fallecieron desde que entró en vigor la ley, mientras que «solo hay tres detenidos» en las investigaciones judiciales.
«Deben hacerse esas investigaciones y garantizarse la vida y la protección de los reclamantes y de los defensores que trabajan para que se haga la restitución de tierras«, pidió Gerardo Vega ante los comisionados, en una audiencia pública dentro del periodo de sesiones que celebra esta semana la CIDH en su sede en Washington.
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El comisionado José de Jesús Orozco Henríquez consideró que el número de agresiones y amenazas denunciado es «preocupante» y preguntó a los representantes del Estado por el desarrollo del proceso de restitución de tierras, punto clave en la resolución del conflicto armado colombiano.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, consideró «exitosa» la aplicación de la ley y aseguró que «no ha sido asesinado ningún campesino que ha vuelto a su tierra».
Ante esta afirmación, Vega respondió que el Gobierno se refiere solo a que no ha habido muertes tras los fallos judiciales, pero el proceso de restitución de tierras, subrayó, «no empieza con el fallo, sino con el despojo».
«De 360.000 reclamos, solo ha habido 1.300 sentencias. Y solo 80.000 han acudido porque tienen miedo al asesinato, las amenazas y el desplazamiento», añadió Gerardo Vega.
Las organizaciones Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Corporación Jurídica Libertad denunciaron además la «ineficacia» en el gasto empleado por el Gobierno en la aplicación de la ley.
Según las cifras de estas entidades, con el dinero que ha invertido el Estado (836.719 millones de pesos colombianos, unos 286 millones de dólares) se podría haber comprado tres veces el terreno a restituir (valorado en 263.304 millones de pesos colombianos, unos 90 millones de dólares).
Sabogal defendió, sin embargo, que «el trabajo del Gobierno no ha sido perezoso» y subrayó que «ahora son los jueces los que dirimen las controversias de la tierra y no los actores armados».
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«Estamos atendiendo el 50 por ciento de las reclamaciones que nos han llegado, unas 500.000 hectáreas», explicó.
Según los datos del Gobierno, en los cuatros años desde que se sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han entregado cerca de 200.000 hectáreas que benefician a más de 18.000 personas.
Sabogal destacó hoy que el proceso de restitución de tierras en Colombia «es el primero en el mundo» que ha comenzado antes de la resolución del conflicto armado y es un modelo del que se sirven países como Kenia y Nepal.
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