El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, al no tener argumentos, busca politizar el tema de los contratos sobre corredores viales, que requieren opinión previa del Ministerio de Economía, dijo el titular del sector, Alonso Segura, quien indicó que la reforma de transporte debe respetar la ley.
Fue al comentar lo señalado en la víspera por el burgomaestre, quien pidió la salida del ministro, argumentando que el sector Economía pone constantes trabas a la comuna, como haber observado los contratos de licitación para el corredor vial Javier Prado-La Marina.
“El alcalde está tratando de volver un tema que es eminentemente de competencia y de respeto a la ley, en un tema político y de adjetivos, porque sabe que no tiene argumentos”, expresó el funcionario Alonso Segura.
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Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde noviembre de 2014 se advirtió a la Municipalidad Metropolitana de Lima que los contratos firmados sobre los corredores viales eran nulos, por la falta de opinión previa del referido sector.
Al respecto, el ministro Alonso Segura -quien aseveró que no renunciará al cargo- recordó que la opinión del MEF es necesaria en este caso, debido a que los contratos de concesión pueden comprometer indebidamente recursos públicos.
“El contrato nunca vino. Ese es justamente el problema, nunca pidieron la opinión, pese a que la Municipalidad lo sabía (…) Se han saltado esa opinión y es lo que nos genera este impasse (…) La solución parte por reconocer que no se han cumplido esos procedimientos”, subrayó Alonso Segura.
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Alonso Segura explicó que si bien su sector es respetuoso de la autonomía municipal, a la vez le compete asegurar que toda obra municipal se realice de acuerdo con las normas hacendarias y de inversión pública, resguardando los recursos públicos, que son de todos los peruanos.
A su criterio, la comuna capitalina es libre de implementar los corredores viales y llevar a delante la reforma del transporte en Lima, lo cual es apoyado por el Poder Ejecutivo, pero ello debe hacerse en un marco de estricto respeto y cumplimiento de la ley y los procedimientos.
“Todas las entidades tenemos que cumplir la ley. Acá me parece alarmante que pretendan esconderse de la ley. En el caso de otros corredores, la propia municipal declaró nula la adjudicación, siguiendo el mismo marco normativo. No se debe ser desconocer la ley”, anotó Alonso Segura.
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Alonso Segura expresó que si el municipio capitalino acude al Tribunal Constitucional (TC) por este caso, puede hacerlo, pero avizoró que en esta instancia quedará claro que la competencia del Poder Ejecutivo es resguardar hacienda pública y la rectoría de la inversión pública y privada.
Alonso Segura agregó que al ser este un tema técnico y de respeto a las competencias, debe ser tratado sin argumentos de corte político ni adjetivos.
En ese sentido, Alonso Segura expresó su voluntad de sentarse a dialogar con el alcalde Castañeda para llegar a una solución, pues en este caso –dijo- existen dos caras de una misma moneda: la reforma del transporte y el resguardo de los recursos públicos.
“Es fácil hacer ataques políticos, lanzar adjetivos, etc., pero la Contraloría tendrá que pronunciarse en su momento, eso es parte del proceso porque es un tercer actor el que tiene que ver si se han cumplido los procedimientos”, manifestó Alonso Segura.
Andina.
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