BERLÍN.- El Bundestag (Cámara Baja alemana) debatirá mañana cuatro proposiciones de ley para regular la eutanasia, presentadas por distintos grupos de diputados, que plantean desde la liberalización del suicidio asistido, hasta su prohibición y penalización.
En Alemania, la eutanasia activa está penalizada, pero no así la pasiva -la suspensión de medidas que alargan la vida de acuerdo con la voluntad del paciente- ni la llamada eutanasia indirecta, en la que se suministran medicamentos paliativos que tienen como consecuencia un acortamiento de la vida.
El suicidio asistido -facilitar al paciente medicamentos que provoquen su muerte- tampoco está penalizado directamente, pero quien preste ayuda en ese sentido puede entrar en conflicto con la justicia por el uso de determinadas sustancias que violen la legislación antidrogas.
El actual vacío legal también pone en riesgo, por ejemplo, a un médico que decide no prolongar la vida de un paciente que está inconsciente y que previamente le trasladó su deseo de morir, ya que, de no intervenir, se le podría acusar de negar ayuda médica, o incluso de homicidio.
Todas las propuestas que se debatirán mañana buscan prohibir el trabajo de organizaciones que facilitan el suicidio asistido, como Ayuda a Morir Alemania o la sección alemana de la suiza Dignitas.
Dos de las iniciativas, presentadas por diputados de diversos partidos, coinciden en rechazar nuevas restricciones legales.
Uno de esos grupos, encabezado por la diputada verde Renate Künast, apunta ante todo a asegurar que no haya persecución penal por asistencia al suicidio.
El otro grupo, presidido por el cristianodemócrata Peter Hintze y el socialdemócrata Karl Lauterbach, se concentra en dar seguridad jurídica a los médicos a través de una reforma del código civil que autorice expresamente el suicidio asistido.
Los dos grupos, pese a las diferencias de detalle en sus propuestas, han avanzado que colaborarán mañana en el debate si es necesario.
La tercera propuesta, formulada por un grupo también de diferentes partidos y encabezado por el cristianodemócrata Michael Brandt y la socialdemócrata Kerstin Griese, quieren prohibir expresamente las organizaciones que prestan ayuda al suicidio sistemáticamente.
Los dos primeros grupos también rechazan la comercialización de la asistencia al suicidio, pero consideran que la tercera proposición puede suponer un riesgo jurídico para los médicos.
Sin embargo, esa propuesta es considerada como la que tiene más posibilidades de salir adelante, puesto que cuenta con el respaldo expreso de 200 diputados.
Entre sus firmantes está la canciller, Angela Merkel, y los jefes de los grupos parlamentarios de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Volker Kauder; el Partido Socialdemócrata (SPD), Thomas Oppermann; y Los Verdes, Katrin Göring-Eckhard.
Una cuarta iniciativa, presentada por un grupo de parlamentarios cristianodemócratas y socialcristianos, es la única que aboga por la penalización expresa del suicidio asistido.