El decreto supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años 1995 y 2001, tiene todas las garantías constitucionales, sostuvo el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga.
Ernesto Lechuga remarcó que el artículo 44 de la Constitución establece que es deber prioritario del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, y que el artículo 139 dispone la obligación de brindar defensa gratuita a las personas de escasos recursos económicos.
“Este decreto es perfectamente constitucional y obedece a los insistentes pedidos que hemos recibido por parte de los afectados y organismos de la sociedad civil, que reclaman medidas de atención a sus demandas”, señaló Ernesto Lechuga.
Ernesto Lechuga refirió que la ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), establece que corresponde al mencionado portafolio formular políticas públicas de acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.
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El Gobierno promulgó un decreto supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas y la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), practicados durante gran parte del gobierno fujimorista.
Diversos sectores en el país y organizaciones internacionales, entre las que destaca Amnistía Internacional, entidad que consideró la medida como un primer paso para la creación de una política integral de reparaciones.
Para el viceministro Ernesto Lechuga, esa medida representa un primer paso para hacer justicia a las víctimas de esterilizaciones y el cumplimiento a la política de defensa y respeto a los Derechos Humanos.
Ernesto Lechuga agregó que dentro de ese marco jurídico se ha dispuesto que el Estado trabaje en forma multisectorial, para atender en forma integral a las víctimas.
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Ernesto Lechuga detalló que a través del Minjus se brindará orientación y patrocinio legal a las víctimas, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se encargará de dar atención psicológica y acompañamiento social a los deudos.
Ernesto Lechuga informó que a través de Ministerio de Salud (Minsa) se otorgará acceso a servicio de salud a las personas afectadas producto de la esterilización forzada.
Según cálculos de Amnistía Internacional, las esterilizaciones forzadas se aplicaron a muchas mujeres, en su gran mayoría, pobres e indígenas. Hasta la fecha, se desconoce cuántas esterilizaciones se hicieron en total, pero la Defensoría del Pueblo ha señalado que fueron 272,028 y el Ministerio Público identificó 2,091 víctimas de esterilizaciones forzadas.
Andina / Foto: Inforegión
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