SANTIAGO DE CHILE.- La Justicia chilena autorizó hoy el envío de un exhorto al Vaticano para acceder a una investigación contra el obispo de Osorno, Juan Barros, por supuesto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima, informaron fuentes judiciales.
La Primera Sala de la Corte Suprema aprobó este viernes la petición del magistrado Juan Manuel Muñoz para enviar el exhorto, diligencia enmarcada en una solicitud de tres víctimas de Karadima, que han demandado al Arzobispado de Santiago, también por presunto encubrimiento de los delitos de Karadima.
El juez Muñoz pidió una copia «íntegra y fidedigna» de los antecedentes del Vaticano acerca del papel de Barros en el asunto.
La polémica se inició a principios de octubre, cuando la cadena de televisión chilena Mega divulgó un video en el que se podía ver al Papa Francisco defendiendo a Barros y afirmando que las acusaciones en contra del prelado fueron «armadas» por los «zurdos».
En el mismo video, el pontífice aseguraba que la «única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la corte judicial» y añadió que «la Iglesia perdió la libertad dejándose llenar la cabeza por políticos, juzgando a un obispo sin ninguna prueba después de 20 años de ser obispo«.
El pontífice tildó a la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, de «tonta» por no abrir «su corazón a lo que Dios dice» y dejarse llevar por las «macanas que dice toda esa gente».
El pasado 21 de marzo, Barros asumió su cargo entre protestas y una gran polémica por las acusaciones en su contra como cercano colaborador del sacerdote Fernando Karadima, hallado culpable por el Vaticano de abusos y condenado a una vida de oración y penitencia.
La Corte Suprema autorizó el envío del exhorto en el marco de la demanda contra el Arzobispado de Santiago por el supuesto encubrimiento de los abusos de Karadima.
Karadima, titular desde 1984 de la parroquia santiaguina de El Bosque, situado en uno de los barrios más acomodados de la capital chilena, forjó durante años sólidos nexos con sectores de la elite política y económica del país suramericano.
El prelado octogenario, que formó a cinco obispos chilenos y a casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero del 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y se le condenó a una vida de oración y penitencia.
Además, en noviembre de ese mismo año, la Justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito.
Los demandantes piden al arzobispado de Santiago una indemnización de 380 millones de pesos (unos 550.000 dólares) y disculpas públicas.