El defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, destacó este lunes 16 la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de la desaparición forzada de 15 personas de la comunidad campesina de Santa Bárbara, a manos de miembros del Ejército durante el régimen de Alberto Fujimori.
Entre las víctimas del hecho, ocurrido el 4 de julio de 1991, habían siete niños y niñas entre ocho meses y seis años de edad.
“Se trata de un caso terrible que compromete la responsabilidad del Estado, no solo por la comisión de un crimen tan execrable como lo es la desaparición forzada, sino por la ausencia de una debida diligencia para garantizar el acceso a la verdad y justicia de los familiares durante todos estos años”, señaló Vega Luna.
Asimismo, manifestó que la CIDH, en su sentencia, informó que el Estado peruano dio cuenta de la elaboración de un proyecto de ley, cuyo objetivo es regular de manera integral la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el período de violencia política (1980 – 2000).
Amnistía Internacional denuncia miles de desapariciones forzadas en #México https://t.co/ScsiNbJCGJ pic.twitter.com/jrbTP30ATr
— Crónica Viva (@cronica_viva) August 31, 2015
Al respecto, el defensor del Pueblo explicó que la aprobación del proyecto de ley de búsqueda de personas desaparecidas está pendiente desde el 2014 en el Ejecutivo, para luego ser remitido al Congreso de la República.
Resaltó además la necesidad de aprobar la referida iniciativa, promovida por la campaña ‘#Reúne’, con el fin de brindar respuesta a las familias que hasta la fecha desconocen el paradero de sus seres queridos.
“Es indispensable, de cara al transcurso del tiempo, dar una respuesta humanitaria al drama de estas familias que hasta hoy desconocen el paradero de sus seres queridos”, aseveró Eduardo Vega.
Actualmente solo es posible recurrir a la vía penal para la búsqueda de una persona desaparecida, lo que resulta insuficiente dada la magnitud del problema.
Por ello, la defensoría del Pueblo señaló, mediante un comunicado, la urgencia de una política integral, articulada, multidisciplinaria y coordinada con diversos sectores, iniciativa respaldada por organizaciones internacionales y así como por las propias organizaciones de familiares de víctimas que impulsan la campaña #Reúne.
En la sentencia, la CIDH instó al Estado peruano a adoptar una estrategia nacional de búsqueda y determinación del paradero de personas desaparecidas que sea complementaria con los procesos judiciales, a fin de asegurar el levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de entierro.
“Y se proceda a su identificación, registro y protección para su preservación, así como se inicien y/o continúen de manera sistemática y rigurosa, las acciones que resulten necesarias para la exhumación de restos en dichos sitios, y se asegure el uso de los diferentes medios de identificación forense”.
Andina / Foto: Andina
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