Los familiares del estudiante Ernesto Castillo Páez, desaparecido en 1990, rechazaron la liberación del autor de este caso y conjuntamente con familiares de víctimas de la violencia política, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), organizaciones y colectivos de Derechos Humanos se pronunciarán este viernes al respecto.
El 2° Juzgado Penal Nacional otorgó libertad condicional al excoronel PNP , responsable de la muerte y desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez, por problemas de salud y buena conducta penitenciaria.
Cabe indicar que en el 2006 la Sala Penal Nacional dictó sentencia contra el Coronel PNP (r) Juan Carlos Mejía León y los sub oficiales PNP Manuel Arotuma Valdivia, Carlos De Paz Briones y Juan Aragón Guibovich quienes participaron en la detención y secuestro del joven universitario. El primero fue condenado a 16 años y los otros a 15 años de pena privativa de libertad.
Juan Carlos Mejía León no solo negó sistemáticamente los hechos sino que señaló que los responsables fueron sus subordinados. El Poder Judicial le denegó dos veces el beneficio penitenciario por no dar información sobre el paradero de la víctima; sin embargo, en la audiencia del pasado 10 de noviembre, Mejía León condicionó informar sobre el paradero de los restos de su víctima, a la posibilidad de obtener su libertad y el juez Ángel Ernesto Mendivil Mamani le concedió libertad condicional.
La conferencia de prensa en la que rechazarán la liberación de Mejía León se realizará el viernes 20 al medio día en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ubicado en Lince.
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Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El 21 de octubre de 1990, el estudiante de la PUCP Ernesto Castillo Páez fue detenido y desaparecido en Villa El Salvador por elementos de la Policía Nacional del Perú comandados por el oficial PNP Juan Carlos Mejía León.
Luego del archivamiento del primer proceso penal en 1991, el caso se presentó ante la Corte Interamericana donde, en 1997, se emitió sentencia determinando que el Estado peruano era el responsable de los hechos violatorios de los Derechos Humanos. Además, la Corte declaró que no solo existía una obligación del Estado peruano de investigar juzgar y sancionar a los responsables del crimen, sino también de ubicar y entregar los restos de la víctima.
Foto: Internet
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