Representantes de la Defensoría del Pueblo, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sobre Derechos Humanos y familiares de las víctimas de la violencia, pidieron al Estado respaldar la propuesta para una “Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 y 2000”, y remitirla al Congreso de La República, para su debate.
El pedido fue presentado durante el seminario “Derechos Humanos y Género”, organizado por el despacho de la congresista Rosa Mavila, que fue realizado en el auditorio Alberto Andrade Carmona, al que asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Cruz Roja Peruana, ONG de Derechos Humanos; y familiares víctimas de la violencia.
La propuesta tiene como finalidad articular y aprobar medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de los años 1980 al 2000.
De igual manera, plantea que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos diseñe un plan nacional de búsqueda de personas desaparecida, así como centralizar y actualizar el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
También propone crear el “Registro nacional de personas desaparecidas y de sitios de entierro”, como una base de información autónoma que centralice y depure la información suministrada por las entidades relacionadas con el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
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Durante su discurso, la parlamentaria Mavila León se comprometió a canalizar a través de su despacho el anteproyecto en los sectores involucrados. “El tiempo que me queda en el Parlamento, me comprometo a gestionar y canalizar este pedido que muchos de ustedes anhelan”, expresó.
Dijo que la atención de las secuelas de este período de violencia no constituye una tarea sencilla, pero es un imperativo ético y legal que el Estado peruano debe asumir. “El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de los compatriotas que fueron víctimas de la violencia, de implementar programas integrales de reparación y de ejecutar políticas públicas que contribuyan a la preservación de la memoria para no repetir estos lamentables sucesos”, señaló Mávila.
Por su parte, los representantes de la Defensoría del Pueblo, Cruz Roja Peruana y ONG de Derechos Humanos, coincidieron en que el Estado hizo frente al terrorismo y logró desarticular a estos grupos, pero que, lamentablemente, en esos años de violencia, también se produjeron casos de graves violaciones de Derechos Humanos por parte de algunos miembros de las fuerzas del orden, que afectaron la vida, la integridad y la libertad personal.
Indicaron que entre los años 1980 y 2000 se produjo uno de los periodos más violentos y dolorosos de la historia del Perú. Los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) causaron miles de muertes y destrucción. En razón de ello, desde el año 2002, impulsan y supervisan las medidas que el Estado peruano implementa en materia de justicia, memoria y reparación para las víctimas de la violencia.
Congreso / Foto: Congreso
Violencia política: plantean ubicar a más de 15 mil desaparecidos https://t.co/UtxvlOIwhe pic.twitter.com/167ocIlqjF
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