El Fuero Militar Policial formalizó una investigación preparatoria contra dos oficiales del Ejército Peruano por la pérdida de unas 786 granadas de guerra de la Compañía de Mantenimiento y Transporte N° 503 de esa institución castrense.
Se trata del coronel Alberto Martel Vega, jefe del Departamento de Logística del Comando de Educación del Ejército (Coede) y del teniente coronel Miguel Ángel Valdevellano Vento, comandante de unidad.
A ambos les atribuyen el presunto delito contra la integridad institucional en la modalidad de desobediencia, y el delito que afecta los bienes destinados al servicio militar policial en su modalidad de sustracción por culpa.
Ello por haber presuntamente facilitado, con la omisión intencional de sus deberes militares, la apropiación de material militar clase V destinado al servicio, en agravio del Estado, en este caso el Ministerio de Defensa.
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— Crónica Viva (@cronica_viva) October 21, 2015
Según el Código Penal Militar Policial, el militar o policía que incurre en desobediencia es sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años; en el caso de sustracción por culpa, la pena privativa de libertad es no menor de dos ni mayor de seis años.
De igual forma, fueron comprendidos el mayor Luis Soldevilla Espinal, el técnico de tercera, Paddy Nolan Llimpe Correa; y los suboficiales de primera Edgardo Parraguez Vásquez y César Zamudio Dávila.
Dicho grupo está implicado en la presunta comisión de los delitos contra la integridad institucional en la modalidad de desobediencia, delito que afecta los bienes destinados a la función militar policial en la modalidad de afectación del material destinado a la Defensa Nacional, y delito contra la fidelidad a la función militar policial en la modalidad de falsificación o adulteración de documentación militar policial.
La afectación de material destinado a la defensa nacional se sanciona con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años, con la accesoria de inhabilitación; y la falsificación o adulteración de documentos con pena privativa no mayor de cinco años, con la accesoria de inhabilitación.
La investigación preparatoria se encuentra a cargo del coronel CJ PNP Jorge Jara Lira, fiscal supremo adjunto ante la Vocalía Suprema del Tribunal Supremo Militar Policial.
Andina / Foto: Andina
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