BRASILIA.- Diputados del Partido de los Trabajadores (PT), formación de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, pidieron hoy a la Corte Suprema que anule la decisión del presidente de la Cámara Baja de promover un juicio político contra la mandataria.
«Es una acción para anular esa decisión y también todos sus efectos», dijo a los periodistas el diputado Wadih Damous tras entregar la demanda en la sede del Supremo Tribunal Federal.
El PT argumenta que el jefe de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, actuó «sin ninguna finalidad pública», sino motivado por «intereses personales», e incurrió así en lo que las leyes califican como «desvío de funciones», dijo Damous.
Según el diputado del PT, Cunha intenta «usar» la posibilidad de un juicio contra la mandataria «para desviar el foco de la opinión pública» de las acusaciones que pesan en su contra por su supuesta participación en las corruptelas detectadas en la petrolera estatal Petrobras.
El diputado Paulo Teixeira, quien también pertenece al PT y firma la solicitud presentada ante el Supremo, afirmó que las acusaciones que pesan en contra de Cunha le restan «toda la legitimidad a ese intento de quitarle el mandato a una presidenta elegida por los brasileños».
Según el oficialismo, Cunha decidió aceptar un pedido para el inicio de un juicio con miras a la destitución de Rousseff después de que el PT anunció que apoyaría un proceso que puede terminar con la pérdida de su escaño por su supuesto vínculo con la corrupción en la empresa petrolera.
Cunha, por su parte, sostiene que analizó el caso sobre la base de preceptos constitucionales y que se inclinó por darle lugar a la posibilidad de un juicio contra Rousseff, por lo que consideró una clara violación de «las leyes de presupuestos».
También aseguró que emisarios del Gobierno buscaron un acuerdo mediante el cual ellos le apoyaban en las investigaciones sobre sus supuestas implicaciones en las corruptelas detectadas en Petrobras, a cambio de que él no aceptara que la presidenta fuera juzgada.
La negociación propuesta, según Cunha, también implicaba la aprobación parlamentaria de un nuevo impuesto que el Gobierno pretende crear para aumentar su recaudación fiscal y enfrentar la aguda crisis económica del país.
El ministro de la Presidencia, Jacques Wagner, rechazó en forma tajante las afirmaciones de Cunha, negó que haya habido algún tipo de negociación de esa naturaleza y puso en duda que el proceso vaya a avanzar en el Congreso, del que depende su continuidad.
También sostuvo que la apertura de un juicio político contra Dilma Rousseff, le permitirá al Gobierno demostrar que no hay nada que justifique las acusaciones.
«No podíamos seguir trabajando todo el tiempo con amenazas y chantajes de que le darían inicio al juicio político (contra la presidenta)», afirmó Wagner.
Cunha pertenece a un partido de la coalición de gobierno, pero hace tiempo se pasó a la oposición en forma «personal», sin salir de su fuerza política.