RÍO DE JANEIRO.- Familiares, amigos y compañeros homenajearon hoy en la playa de Copacabana a los 61 policías militarizados asesinados durante 2015 en Río de Janeiro, de los cuales 21 estaban en acto de servicio cuando se produjo su muerte.
El solemne acto, realizado en el Día de los Derechos Humanos, consistió en una ofrenda de flores por parte de familiares y amigos ante las 61 fotografías de los fallecidos, que fueron colocadas en la playa a primera hora de la mañana.
La ONG Río de Paz llevó a cabo esta acción a raíz de una petición de la Policía Militarizada para reclamar más visibilidad a su drama, ya que los agentes del orden cariocas trabajan «sin recursos, mal entrenados y en un ambiente de mucha exclusión», explicó a Efe el presidente de la organización, Antonio Carlos Costa.
Entre las imágenes, se encontraba una gran cruz envuelta en una camisa de uniforme policial manchada de sangre, en representación de la violencia y de la falta de recursos que sufre este colectivo.
«Como parte del aparato del Estado, muchas veces no nos acordamos de que los policías pueden ser víctimas de la violación de los derechos humanos», con unas condiciones que «son muy precarias» y que «el Río olímpico no puede permitir», continuó Costa.
Por eso, su demanda se centra en tres aspectos, que consisten en «una mayor inversión en la policía, amparo a las familias de los policías asesinados y ayuda a los policías que acarrean secuelas físicas y psicológicas a consecuencia del ejercicio de la profesión».
La cabo de la Policía Militarizada Flavia Louzada apuntó a Efe que hoy mismo se registró otra muerte de un agente.
Louzada explicó que la mayoría de los asesinados se encontraban en las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), eran «relativamente jóvenes» y con «no más de cinco años de profesión».
«Los ‘containers’ (que hacen las veces de improvisados cuarteles) no están blindados y no tienen condiciones necesarias para un trabajador» y este problema debe ser resuelto porque «estas carencias nos están generando problemas como fallos administrativos. Están generando la pérdida de vidas», aseguró.
La cabo denunció el calvario que pasan los familiares de los fallecidos, «una verdadera guerra burocrática», ya que en muchos casos no reciben la pensión hasta «cuatro, cinco o seis meses después» de la muerte, siendo en algunos casos familias que solo tenían la renta del padre policía como única fuente de ingresos.
Asimismo, denunció el precario servicio de atención psicológica que reciben, tras el cierre reciente por falta de recursos del Departamento de Atención Psiquiátrica del que disponían.
«Si pones a un policía en las calles sin recibir atención psicológica, ponerle en las calles otra vez no es solo un riesgo de vida para sí mismo, sino que lo es también para los ciudadanos», concluyó.
Iara Correia, hija de un subteniente fallecido el pasado 21 de septiembre en el Complexo do Muquiço, en el barrio de Guadalupe, aseguró que esta situación no cambiará hasta que el Gobierno local aumente las ayudas, ya que «los policías para entrar en las favelas tienen que tener armamento, tienen que tener chalecos y alimentación y tienen que tener un gobierno de su lado», un apoyo que «el cuerpo policial no tiene».