La tupida red de legislaciones que conforman el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo seguirá en 2016, lo cual será un obstáculo entre los dos países que restablecieron relaciones diplomáticas en 2015.
«Hemos reiterado al gobierno de Estados Unidos que para normalizar la relación bilateral el bloqueo debe ser levantado», afirmó el presidente cubano Raúl Castro el martes último al clausurar una sesión del parlamento (Asamblea Nacional).
Raúl Castro pidió al presidente estadounidense Barack Obama utilizar «con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar la aplicación del bloqueo, lo cual dará sentido a lo alcanzado y permitirá que se produzcan sólidos progresos».
El bloqueo económico, comercial y financiero fue impuesto en febrero de 1962 por el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, para forzar el derrocamiento del recién nacido gobierno revolucionario y en la actualidad constituye un entramado de leyes que sólo pueden ser derogadas por el Congreso norteamericano.
Estos años de cerrado cerco estadounidense han costado a la isla pérdidas acumuladas por más de un millón de millones de dólares, al considerar la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional desde 1960 a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales que se actualizan cada año.
A precios corrientes, las pérdidas ascienden a 116.000 millones de dólares «en un cálculo sumamente conservador», como indica un reciente informe de Cuba a la Asamblea General de Naciones Unidas, que en octubre aprobó, por vigésimo segundo año consecutivo, un proyecto de resolución que condena esa política estadounidense.
Las primeras regulaciones norteamericanas, dictadas por la administración de Kennedy tuvieron como base la «Ley de comercio con el enemigo», también conocida como TWEA («Trading With the Enemy Act»).
Esa ley fue promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones hostiles, aunque su aplicación se expandió después para regular las transacciones «durante cualquier periodo de emergencia nacional declarado por el presidente» de Estados Unidos.
No obstante, fue la Ley de Asistencia Exterior, promulgada por el Congreso en septiembre de 1961, la que autorizó al entonces presidente Kennedy establecer y mantener «un embargo total sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba», pero también prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda al gobierno de la isla.
El muro levantado alrededor de Cuba se reforzó en 1979 con la adopción de la Ley de Administración de las Exportaciones (EAA, por sus siglas en inglés), como resultado de una revisión de los controles sobre las ventas al extranjero.
Esa legislación otorgó a la Casa Blanca autoridad para controlar las exportaciones y restringir aquellas que «contribuyeran al potencial militar de cualquier país, en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos».
Los años pasaron y, a pesar de los problemas, Cuba resiste la presión estadounidense, por lo que en 1992, cuando en la isla comenzaba una profunda crisis económica, el entonces presidente George Bush quiso aprovechar lo que pensaba era la oportunidad para acabar con la Revolución Cubana.
Así, en octubre de 1992, casi exactamente 30 años después de iniciado el bloqueo, Bush padre firmó la Ley para la Democracia cubana», más conocida como «Ley Torricelli».
Con ella, Washington reforzó las medidas económicas contra la isla y oficializó la extraterritorialidad del cerco al prohibir a las compañías subsidiarias estadounidenses en terceros países realizar transacciones con Cuba o nacionales cubanos.
Entre otras restricciones, también prohibió, y aún prohíbe porque sigue vigente, la entrada a territorio norteamericano, durante un plazo de 180 días, de los barcos de terceros países que tocaron puertos cubanos.
La última vuelta de tuerca la dio la administración de Bill Clinton, que, en el afán por acabar con el orden establecido en la isla, llegó a entregar al Congreso sus facultades presidenciales en lo referido a Cuba.
En marzo de 1996, Clinton firmó la Ley para la Solidaridad democrática y la libertad cubana, la conocida «Helms-Burton», que busca desestimular la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo a Cuba.
Esa legislación codificó las disposiciones del bloqueo y amplió su alcance extraterritorial al denegar la entrada a Estados Unidos a los directivos de empresas extranjeras, y a sus familiares, que invirtieran en propiedades «confiscadas» en Cuba y establecer la posibilidad de presentar demandas en su contra en los tribunales norteamericanos.
La «Helms-Burton», la más dura de las leyes aplicadas por Washington contra la isla, limitó además las prerrogativas del presidente para suspender esta política, algo que ahora está en manos del Congreso.
Esa ley fue la herramienta predilecta en la política hacia Cuba de la administración del ex presidente George W. Bush, quien detrás de los pasos de su padre, trató sin éxito de dar la estocada final a la Revolución Cubana.
Esa complicada urdimbre legal conforma el bloqueo más severo que aplica Estados Unidos y que, en líneas generales, el presidente Obama mantiene como herramienta de presión contra la isla.