PARÍS.- Francia privará de determinados derechos cívicos, como el de voto o el de ser elegido, a los condenados por terrorismo en su territorio, afirmó hoy el primer ministro, el socialista Manuel Valls.
Se trata de una medida que irá incluida en la reforma constitucional que el presidente, François Hollande, prometió tras los atentados del pasado 13 de noviembre y que el jefe del gobierno presentó hoy ante la comisión de leyes de la Asamblea Nacional, cuyo debate comenzará la semana próxima.
La privación de derechos cívicos afectará a todos los condenados, incluidos los de nacionalidad francesa, señaló Valls.
La medida que más polémica ha generado en el proyecto de reforma constitucional es la referida a la retirada de la nacionalidad francesa a los condenados por terrorismo, algo que provoca el rechazo de buena parte de diputados y senadores, incluidos socialistas, y que llevó hoy a la dimisión de la ministra de Justicia, Christiane Taubira.
Valls señaló que el texto que propondrá el gobierno señala que «una persona puede ser desposeída de la nacionalidad francesa o de los derechos que ella conlleva cuando sea condenada por un crimen o delito que constituya un ataque grave a la vida de la nación».
En concreto, precisó, esa medida afectará a los delitos de asociación de malhechores con fines terroristas, la financiación directa del terrorismo o las acciones terroristas individuales, penados en la actualidad con diez años de cárcel.
El primer ministro aseguró que no habrá en el texto ninguna referencia a la binacionalidad, aunque de facto esta medida solo afectará a quienes tengan una doble nacionalidad, puesto que, dijo, Francia respetará la convención internacional de 1961 que prohíbe la creación de apátridas.
Con la retirada de esa referencia expresa a la binacionalidad, Valls afirmó que busca «el mayor respaldo posible» a una reforma constitucional que precisa para su ratificación de tres quintos de los votos de las dos cámaras legislativas reunidas de forma conjunta.
El jefe del gobierno señaló que todavía no han decidido quien tendrá la potestad de ordenar la retirada de la nacionalidad o de los derechos cívicos.
El Ejecutivo baraja dos posibilidades: que sea una decisión administrativa, que dependería, en última instancia, del Consejo de Estado, o una decisión jurídica, entendida como una pena complementaria y atribuida a los magistrados antiterroristas.
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