SAN JUAN.- Amnistía Internacional sección de Puerto Rico denunció hoy la discriminación que sufre la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) en la isla caribeña.
El director de la Oficina de Amnistía Internacional en Puerto Rico, Pedro Santiago, dijo en conferencia de prensa que en la isla caribeña a la discriminación de la comunidad LGBTI se suma el que dijo es el impacto limitado de la reforma de la Policía local iniciada en el 2013.
Santiago subrayó que los derechos de la comunidad LGBTI siguen siendo violentados debido a la falta de protocolos adecuados y de reconocimiento legal de la identidad de género.
Recordó que, a pesar de la orden ejecutiva que permite cambiar el género en la licencia de conducir, no se han establecido disposiciones para modificarlo en otros documentos de identidad.
«Esta población en particular llevaba demasiado tiempo desprotegida por falta de disposiciones que les aseguren un trato equitativo y el acceso a igualdad de oportunidades. Es un grupo sumamente vulnerable y nos complace ver que se están tomando medidas positivas para garantizar sus derechos humanos, pero todavía queda mucho por mejorar», apuntó Santiago.
Indicó que falta una política pública que garantice los mismos derechos a esa comunidad que al resto de la población, lo que incluye extender a todos los documentos oficiales el cambio de género.
El informe de Amnistía Internacional Puerto Rico critica además las dificultades de las personas que forman parte de ese colectivo para acceder a un tratamiento de cambio de género ante la negativa de los proveedores de seguros médicos de cubrir los costos del tratamiento.
Entre las medidas de avances obtenido para erradicar la discriminación y dar igualdad en el trato a la comunidad LGBTI en Puerto Rico, el informe menciona la autorización en la isla del matrimonio legal entre personas del mismo sexo y la directriz del Departamento de la Familia que permite que parejas del mismo sexo sean elegibles para adopción de menores.
Por último, la Reforma de la Policía iniciada en el 2013 no ha tenido repercusiones mayores en detener los incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según el documento hoy hecho público en Puerto Rico.
«Hemos visto algunos avances en cuanto a políticas de la Policía, pero todavía queda mucho por hacer para tener una Policía realmente respetuosa de los derechos humanos«, dijo Ruben Kondrup, coordinador de Campañas de Amnistía Internacional Puerto Rico