BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano negó hoy que el presidente, Juan Manuel Santos, pretendiese «inhibir» el ejercicio del periodismo o dar lecciones cuando cuestionó la decisión de una emisora de publicar un vídeo en el que dos hombres mantienen una conversación de alto contenido sexual.
El ejecutivo responde así a un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que consideró «cuestionable y paradójico» que el presidente «asumiera el rol de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación».
La emisora La FM publicó un vídeo en el que el viceministro del Interior para las Relaciones Políticas, Carlos Ferro (foto), mantenía una conversación de alto contenido sexual con el capitán Ányelo Palacios.
Según el medio, la grabación formaba parte de las pruebas que demostraban una presunta red de prostitución masculina dentro la Policía, si bien en ningún momento de la misma se hace alusión a dicha trama.
Horas después de la publicación del vídeo, el viceministro Carlos Ferro dimitió.
Al ser preguntado por su opinión sobre este asunto, Santos dijo la semana pasada que divulgar ese vídeo «no es buen periodismo».
«Yo eso lo digo como periodista, no como presidente», agregó el mandatario, que fue columnista y subdirector de El Tiempo, periódico propiedad de su familia hasta hace pocos años.
Para la FLIP, «esa declaración tuvo un efecto intimidatorio» para la directora de informativos de La FM, Vicky Dávila, y los «demás periodistas que venían trabajando en esa historia», algo que el Ejecutivo rechazó hoy en un comunicado.
«El comentario del presidente (…) no pretendía de manera alguna inhibir el libre ejercicio del periodismo, ni dar lecciones sobre él. El propio presidente dijo en esa ocasión que este era un tema que debía ser objeto de discusión entre los periodistas, precisamente para respetar su independencia», apunta el Gobierno.
Asimismo, subrayó que desde la Presidencia «se han ofrecido siempre las garantías necesarias para que los medios ejerzan libremente su labor periodística» y se da protección «a quienes se ven amenazados en el ejercicio de ella».
«Actualmente 146 periodistas reciben protección del Estado colombiano», agregó el comunicado.
Con respecto a Dávila, que denunció la interceptación de sus comunicaciones por investigar a la Policía, el Ejecutivo advirtió que «de ninguna manera» esa situación «puede interpretarse como presión o intimidación por parte del Gobierno nacional o el presidente», que ordenó a la Fiscalía investigar el caso.
«Estas denuncias son aún objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, y el Gobierno nacional está a la espera de los resultados para tomar las medidas a que hubiere lugar. Hasta el momento, dichas investigaciones no han arrojado resultados que corroboren las denuncias», concluye el comunicado.
La publicación del vídeo desencadenó, además de la dimisión de Ferro, la renuncia del director de la Policía, general Rodolfo Palomino, y la propia Dávila.