BUENOS AIRES.- Una juez federal de Argentina aceptó los argumentos de apelación de la petrolera YPF que buscan que se mantenga la confidencialidad de un acuerdo firmado en el 2013 con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta de hidrocarburos en el sur del país, confirmaron hoy a Efe fuentes oficiales.
Es así que el expediente pasará a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, que anteriormente ya había fallado a favor de la compañía argentina, controlada por el Estado.
La decisión de la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo de aceptar la apelación se contrapone a la que había tomado el pasado 14 de marzo, cuando dio un plazo de cinco días a YPF para que entregase en sede judicial el acuerdo completo.
YPF anunció dos días después que apelaría dicha orden «en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas, públicos y privados».
Según la compañía, la resolución adoptada por Carrión de Lorenzo, del fuero Contencioso Administrativo Federal, de que la firma le remitiera el contrato «no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF».
La empresa consideró que revelar el acuerdo la pone «en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas» para el desarrollo del área Loma Campana, en la provincia de Neuquén (suroeste), donde se desarrolla el proyecto con Chevron, y de futuros proyectos de la compañía.
La jueza ordenó revelar el convenio a partir de una reclamación del exsenador socialista Rubén Giustiniani, quien inició el proceso con una demanda para que se desvelara el contrato al sospechar que contiene cláusulas secretas.
El conflicto de la petrolera argentina YPF y la estadounidense Chevron ha provocado innumerables protestas de la población argentina.
A finales de febrero pasado, YPF tuvo que entregar una copia del contrato a la Justicia, pero presentó también un extenso escrito en el que solicitó a la jueza que adoptara las medidas necesarias para que se preservara de la divulgación pública la información de carácter confidencial.
La copia remitida no era íntegra, ya que contaba con partes tachadas, informaron a Efe en su momento fuentes cercanas al denunciante.
A principios de marzo pasado, la Oficina Anticorrupción de Argentina decidió avalar que permanezcan en secreto determinadas partes del acuerdo.