CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que iniciará una consulta pública para saber qué hacer frente a la ley de amnistía aprobada el martes por el Parlamento para liberar a los opositores presos, una norma que el mandatario ya ha asegurado que «jamás» aprobará.
“Abro una consulta pública, en un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones de derechos humanos (…) me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de amnistía que pretenden imponer como un golpe de Estado», dijo el mandatario durante un congreso de las filas chavistas.
La consulta, de la que no se detalló el método, se iniciará este sábado, en las principales plazas del país suramericano.
Maduro ya ha dejado claro su posición frente a la ley que podría dejar a varios de sus más férreos opositores en libertad, entre ellos Leopoldo López, condenado por la violencia y los daños materiales de una protesta que promovió para exigir la renuncia de Maduro en el 2014.
Para el primer mandatario venezolano la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, a la que él se refiere como «la ley criminal», es una norma «vergonzante y aberrante».
Una de las razones esgrimidas por Maduro para rechazar la ley es que esta dejaría en libertad a los responsables de las 43 muertes que quedaron en las protestas antigubernamentales del 2014, entre ellos López, a quien el mandatario achaca buena parte de la responsabilidad, aunque sobre este no pesen acusaciones de homicidio.
Asimismo cuestionó el alcance de la consulta pública que realizaron los opositores sobre la elaboración de esas norma, en la que, aseguró Maduro, no fueron incluidas las familias de las víctimas de esas manifestaciones.
Los opositores defienden el contenido de la norma asegurando que esta no contempla el delito de homicidio, por lo que los responsables de aquellas muertes no estarían beneficiados.
Aunque Maduro no podría por si solo poner fin a la iniciativa legislativa, ya que según la Constitución venezolana podría ser aprobada por el Parlamento si el mandatario y la Cámara no llegarán a un acuerdo, el jefe de Estado aún puede remitir el instrumento al Tribunal Supremo de Justicia, alegando que es inconstitucional.
El primer mandatario ya ha adelantado el juicio sobre la ley, y hoy aseguró que esta no solo «viola» la Constitución del país sino que además contraviene con «acuerdos internacionales» sobre los derechos humanos.