SANTIAGO DE CHILE.- Un grupo de reporteros ganadores de premios Nacionales de Periodismo de Chile suscribió hoy un manifiesto para denunciar ante la opinión pública la llamada «ley mordaza», una reforma normativa que pretende aprobar el Parlamento y que a juicio de estos profesionales supone un grave retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión en este país.
El manifiesto, titulado «Por qué nos oponemos a la ‘Ley Mordaza'» y al cual ha tenido acceso Efe, sostiene que «el Senado de Chile ha tratado en las últimas semanas de introducir subrepticiamente modificaciones al código penal que dañan seriamente los fundamentos de cualquier régimen que se digne denominarse democrático».
A ello se suman las reformas a la ley orgánica constitucional del ministerio público que apuntan en el mismo sentido, sostiene la declaración, suscrita por los periodistas María Olivia Mönckeberg, Faride Zerán, Juan Pablo Cárdenas y Sergio Campos.
La intención de los firmantes es que mañana martes el Senado dé marcha atrás en esta iniciativa legislativa.
«La Cámara Alta ha propuesto, curiosamente de manera unánime, dos medidas que atentan gravemente en contra de la libertad de expresión y de prensa y el acceso de la ciudadanía a la información», denuncian estos profesionales, autores también de numerosos libros y ensayos relacionados con el ejercicio del periodismo y que destacaron por su defensa de la libertad de expresión en plena dictadura militar (1973-1990).
La primera de las medidas denunciadas supone la ampliación de 40 a 90 días del plazo de reserva de las investigaciones que llevan a cabo los fiscales.
«Es decir, la ciudadanía tardará dos meses adicionales en enterarse de las causas que ejecuta el ministerio público. Es casi como volver al ‘secreto de sumario’ que nos rigió hasta fines de los años noventa, como ha señala el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch», dice el manifiesto.
«La segunda medida es aún más grave», denuncian. «Con todos los votos de la oposición y de la (coalición oficialista) Nueva Mayoría, el Senado en pleno aprobó endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la fiscalía se filtren a la prensa».
Al respecto, los cuatro premios Nacionales de Periodismo sostienen que «más allá de los tecnicismos (…) se trata de una iniciativa legislativa que causa una profunda extrañeza y preocupación».
«Y que recuerda, aunque sea vagamente, las constantes limitaciones que se imponían a la libertad de expresión en plena dictadura de Augusto Pinochet».
La propuesta de los senadores supone aplicar una pena de presidio que va desde los 61 hasta los 541 días a quienes participen en filtraciones a la prensa en causas judiciales bajo investigación.
«Bochornosamente, se trata de penas mayores a las que actualmente la ley aplica al delito de cohecho», critican los periodistas en su comunicado.
«Resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las ‘filtraciones a la prensa’ (…) justo cuando la fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico», denuncian.
«De haber existido, y de haberse aplicado rigurosamente, una potencial ley como ésta, el país no se habría enterado de los casos Penta, Soquimich o Caval; de la colusión de las papeleras, los pollos y las farmacias; de los desfalcos en el fútbol o en el Ejército», agregan estos periodistas, en referencia a los numerosos escándalos que se han conocido durante el último año.
«Una prensa fastidiosa, obstinada, agresiva es algo que debe ser soportado por aquellos que ejercen la autoridad, precisamente con el fin de preservar nuestros mayores valores: la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada», concluye el manifiesto, parafraseando una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1971.