WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy su selección de cinco finalistas para suceder al actual secretario ejecutivo del organismo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, (foto), cuyo mandato finalizará el próximo 15 de agosto.
Los cinco finalistas son Elizabeth Abi-Mershed, de Estados Unidos; Paulo Abrão, de Brasil; Renzo Pomi, de Uruguay; Michael Reed-Hurtado, de Colombia; y Lisa M. Shoman, de Belice, detalló la CIDH en un comunicado.
El pasado enero, Álvarez Icaza publicó una carta abierta en la que anunciaba su decisión de no presentarse a la reelección.
Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH desde julio del 2012, argumentó entonces que quiere volver a trabajar en su país, México, así como motivos familiares.
En aplicación del reglamento, la CIDH publicó el llamado a concurso para seleccionar a la persona que ocupará la secretaría ejecutiva por un periodo de cuatro años a partir de agosto próximo y recibió más de 90 candidaturas de las que salieron los cinco finalistas.
La Comisión publicará «próximamente» las hojas de vida de los finalistas en su página web para recibir observaciones aproximadamente durante un mes.
Además, entrevistará a los cinco candidatos en su próximo periodo ordinario de sesiones, que tendrá lugar del 18 al 29 de julio.
A partir de las observaciones recibidas y de esas entrevistas, la CIDH elegirá «por consenso o mayoría absoluta» de sus miembros al candidato a suceder a Álvarez Icaza y propondrá su designación al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La CIDH es un órgano autónomo de la OEA que recibe 4,8 millones de dólares anuales, el 6 % del fondo regular del organismo aportado por sus 34 Estados miembros.
La semana pasada, la Comisión pidió más fondos a los Estados de la OEA para poder cumplir sus funciones y advirtió de que los recortes presupuestarios de los últimos años ponen en riesgo su trabajo.
Mientras, Álvarez Icaza cierra su etapa al frente del organismo con la noticia de que el grupo de expertos de la Comisión que investiga el caso Ayotzinapa (los 43 estudiantes desaparecidos en México en el 2014) no podrá seguir su trabajo a partir del 30 de abril, cuando concluye el mandato, por la negativa del Gobierno mexicano.