BRASILIA.- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Roberto Caldas, reiteraron hoy en el Senado brasileño que el proceso contra la presidenta Dilma Rousseff carece de base jurídica.
«La denuncia contra la presidenta no presenta ningún juicio de indicio de crímenes de responsabilidad y mucho menos de certezas», dijo Almagro, excanciller de Uruguay y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante una audiencia celebrada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Caldas, de nacionalidad brasileña, sostuvo que otra irregularidad en el proceso fue que muchos diputados que evaluaron la admisión de las denuncias contra Dilma Rousseff habían manifestado su posición antes de la votación en esa instancia, lo que no podrían haber hecho ya que estaban actuando «como jueces y no como parlamentarios».
Según Caldas, «la formación de opinión debe ser realizada después de todo el procedimiento legal de un juicio», pero en el caso de Brasil, «el mundo jurídico internacional se asustó al ver a los parlamentarios anunciando previamente sus votos», porque «quien anuncia votos no puede juzgar».
Almagro, a su turno, señaló que «un sistema presidencialista (como el brasileño) no puede actuar como si fuese un régimen parlamentario, que opera en función de los cambios de correlación de las fuerzas políticas».
El secretario general de la OEA, que ya ha visitado a Rousseff hace tres semanas y manifestado su «solidaridad» a la mandataria, afirmó que «en los sistemas presidencialistas el contrato es entre el presidente electo y los votantes» y que «no se puede cambiar eso por razones políticas».
Sostuvo además que «irrespetar los límites determinados por el sistema constitucional afecta la estructura y funcionamiento del propio sistema y distorsiona la fuerza y operacionalidad que deben tener la Constitución y las leyes».
Almagro y Caldas participaron en esa audiencia el mismo día que el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, decidió suspender el proceso tras aceptar «vicios» denunciados por la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff.
Según Maranhao, uno de los «vicios» detectados en esa sesión consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara baja orientaron el voto de sus diputados, lo que no podría haber ocurrido en una decisión de esa naturaleza.
Esa decisión fue celebrada por los partidarios de Rousseff, pero la alegría duró apenas unas horas, pues la suspensión del proceso no fue acatada por el Senado, que tiene ya el trámite en sus manos.
«Es una decisión intempestiva», que «no tiene ninguna cabida» en el proceso democrático y que «no puede ser aceptada», declaró el presidente del Senado, Renán Calheiros, al rechazar la suspensión.
«La denuncia contra la presidenta no presenta ningún juicio de indicio de crímenes de responsabilidad y mucho menos de certezas», dijo Almagro.
Según Calheiros, «ninguna decisión monocrática», como la adoptada por Maranhao, puede imponerse al «colegiado» de la Cámara baja, que por 357 votos de los 513 posibles decidió el pasado 17 de abril que el juicio contra Rousseff tiene base jurídica y, de esa manera, debe continuar en el Senado.
Aunque Calheiros no lo ha aclarado, deberá confirmarse así la sesión del próximo miércoles, en la que el pleno del Senado decidirá por mayoría simple entre sus 81 miembros si se abre el juicio contra la mandataria.
Si esa sesión, que se calcula que durará unas 48 horas y por tanto concluiría el jueves, determina la instauración del juicio, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que durará el proceso y sustituida por el vicepresidente Michel Temer.
En caso de que se llegue a la destitución, Temer completará el mandato que concluye el 1 de enero del 2019, pero si Rousseff fuera absuelta recuperaría el cargo una vez que el proceso concluya.