BUENOS AIRES.- La Defensoría General de Argentina expresó hoy «preocupación por los contenidos xenófobos y transfóbicos» de una sentencia emitida en el país contra una mujer transexual de nacionalidad peruana por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
A través de un comunicado, el ente expresa que las consideraciones realizadas por el Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) en la sentencia contra la condenada -identificada como Claudia Córdoba Guerra por medios locales- son «altamente discriminatorias por razones de nacionalidad, identidad de género y su situación de prostitución».
«En violación a la ley de identidad de género, la sentencia se refirió a la acusada como ‘el travestido’ o con el nombre masculino consignado en su documento, y no con el que se corresponde con su identidad autopercibida», expresa el texto.
«También alerta el tratamiento judicial prejuicioso que asocia la nacionalidad, la prostitución y la identidad trans con la comisión de delitos», agrega.
Para la Defensoría, «alarma la exhortación» del tribunal a las autoridades municipales y migratorias para que se constate bajo qué circunstancias legales y de admisión y permanencia en el país se encuentran «los ciudadanos extranjeros que ofrecen ‘servicios como travestis'» en la denominada ‘zona roja’ de La Plata.
«Se recuerda que los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación vedan las distinciones arbitrarias sobre la base de la nacionalidad y la identidad de género de las personas; obligaciones que alcanzan a todas las autoridades públicas, sean nacionales, provinciales o municipales», subraya el organismo.
«A escasos días de conmemorarse el 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, reiteramos la necesidad de que los casos que involucren colectivos históricamente vulnerados sean abordados libres de prejuicios y estereotipos, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos», concluye.
La condena, emitida el pasado 11 de mayo, establece una pena de 5 años y 3 meses de cárcel y su contenido despertó las críticas de numerosas ONG y organizaciones de defensa de los derechos de los transexuales argentinos.