La sentencia de 25 años impuesta al expresidente Alberto Fujimori fue confirmada y validada en todos sus extremos y contenidos, así como el desempeño de los magistrados a cargo del proceso no puede ponerse en duda, indicaron en un comunicado los jueces que integraron la Sala Penal Especial.
Como se recuerda, la decisión de los magistrados determinó que se halló la culpabilidad del exmandatario al ser responsable de los delitos de homicidio, lesiones, graves y secuestro agravado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, durante el régimen que presidió (1990-2000).
“La sentencia emitida el 7 de abril de 2009, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo a su cargo el juzgamiento del expresidente de la República, ha sido ya confirmada y validada, en todos sus extremos y contenidos, por las diferentes instancias competentes de la jurisdicción ordinaria y constitucional del país”, precisó el mencionado grupo de jueces.
Asimismo, sostuvo que el debido desempeño de los jueces supremos que integraron la Sala Penal Especial, “cuya experiencia profesional, formación jurídica y objetividad en su actuación no puede ponerse en duda por quien examine con ponderación su línea de conducta”.
“(La cual) Ha sido reconocido también por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que examinó y archivó, reiteradamente, los cuestionamientos y denuncias, con claro matiz político y mala fe procesal, sobre la realización de posibles actos disfuncionales”, señaló.
En ese sentido, recordó que “los méritos técnicos y propios” de los fundamentos jurídicos y de la doctrina penal expuestos en el fallo, “han sido compartidos y elogiados en su calidad y consistencia, por los más destacados penalistas, procesalistas y constitucionalistas nacionales e internacionales, que la han estudiado y discutido en diferentes foros, congresos y libros especializados”.
De igual modo, refirió que la ciudadanía en general a través de los medios televisivos “pudo conocer todas las incidencias del proceso y la intachable conducta observada por los jueces intervinientes”.
“Sin embargo, en los últimos días, a casi una década de la aludida sentencia condenatoria, se han emitido inconsistentes y ofensivas opiniones que solo buscan mellar el significado y prestigio de la sentencia y de quienes, en el ejercicio legítimo y transparente de sus competencias, la emitieron”, explicó en el documento.
Remarcó que el punto más notorio de esta campaña contra el fallo, se expresó en una presunta predeterminación del fallo con el concurso de terceros, “afirmación que no tomó en cuenta que esta se sustentó en una intervención inconstitucional de las comunicaciones electrónicas”.
“Así como en la sesgada lectura de los correos electrónicos cuyos textos, incluso, habían sido adulterados, y en la exigencia ilícita de que la víctima de esa conducta delictiva debía exhibir los originales, con palmaria infracción de las reglas de la carga de la prueba (el que afirma debe probar lo que alega, no el que rechaza una información por ilegítima)”, agregó.
Por ello, indicó que en defensa del significado institucional de la sentencia y de la sólida reputación judicial de quienes integraron la Sala Penal Especial «se rechaza todas esas expresiones que denotan un abuso del derecho que todo ciudadano tiene de criticar las decisiones de los órganos jurisdiccionales”.
El comunicado cuenta con las firmas de los jueces supremos César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo.