Tras una maratónica audiencia los miembros de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia del Santa, dejaron al voto su decisión frente al recurso impugnatorio a la sentencia de cuatro años de cárcel que pesa sobre el alcalde de la provincia del Santa, en la región Áncash, Julio Cortez Rojas, por el presunto delito de malversación de fondos.
El colegiado anunció que el próximo martes 31 de mayo, desde las 16:30 horas se realizará la diligencia de lectura total del fallo.
La determinación que tomen los vocales es determinante ya que el juez de primera instancia dispuso que si la condena de cuatro años de cárcel era confirmada para el alcalde, esta se haría efectiva. Es decir, el burgomaestre debería ser enviado a un penal.
La sentencia establece también que se pague una reparación civil de medio millón de soles y que se inhabilite a los sentenciados por tres años para ejercer la función pública.
Junto con el burgomaestre Cortez, están sentenciado también la suspendida Victoria Espinoza García (actualmente prófuga de la justicia) y los exfuncionarios edilicios Elmer Llontop Virhuez y Gabriela Vargas Alcántara; estos dos últimos a penas suspendidas de tres años.
La Fiscalía acusa a los procesados que de haber dado un uso diferente a más de 2 millones de soles que recibió la comuna del Santa en el 2010, como transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que debieron ser empleados en obras de agua y desagüe en el marco del programa “Agua para Todos”.
Con este dinero, sostuvo la fiscal, los funcionarios ejecutaron obras de parques, complejos deportivos, mejoramientos de servicios educativos y hasta trabajos de mantenimiento en el Vívero Municipal.
“Se ha dispuesto un uso diferente a estos fondos, sin que sean devueltos. No se cumplió la función encomendada ya que este dinero, según Decreto Supremo, debería usarse exclusivamente a obras de agua y desagüe”, señaló.
En su defensa el alcalde Cortez, quien acudió a la audiencia, dijo que el dinero no fue revertido al Ministerio de Vivienda porque las obras costaron más de lo que esta cartera ministerial transfirió a la comuna.
Sin embargo, Moreno sustentó su posición en documentos como informes de asesoría legal de la comuna, informes del Órgano de Control Institucional (OCI) y hasta una consulta web hecha al Ministerio de Vivienda en cuya respuesta este ministerio señala que la transferencia de recursos hechos por los funcionarios no es la correcta.