Amnistía Internacional muestra su preocupación por la demora de las investigaciones en el Ministerio Público por el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú. En mayo del 2015 se reabrió la investigación fiscal que había sido cerrada en enero del 2014 por 2074 de mujeres que denunciaron se les realizó intervenciones quirúrgicas contra su voluntad. La misma se ha ido extendiendo por pedidos de la fiscalía para poder seguir recopilando información sobre los testimonios presentados.
“Es hora que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos sean llevados ante la justicia. No es posible que luego de 18 años se siga negando a las mujeres sus derechos”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Existen sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron.
A finales del 2015 Amnistía Internacional lanzó la campaña ‘Contra su Voluntad’ para pedir justicia, verdad y reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas. El gobierno peruano respondió a esta campaña creando el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo). A pesar de este paso importante aún falta llevar ante la justicia a los responsables de esta grave violación a los derechos humanos.
El Estado peruano se ha comprometido a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales correspondientes contra toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.
