El Poder Ejecutivo extendió del 10 de julio al 8 de agosto, la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en los departamentos de Arequipa, Madre de Dios y Puno, para asegurar el control y mantenimiento del orden público y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que eventualmente se cometan durante las movilizaciones promovidas por la minería ilegal e informal.
A través de una Resolución Suprema publicada este sábado en El Peruano, se determina que la actuación de las Fuerzas Armadas constituirá una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional.
Asimismo, se establece que la actuación de las Fuerzas Armadas se dirigirá a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población de las regiones mencionadas.
La intervención de las Fuerzas Armadas se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1095, que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Se detalla que la intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la mencionada Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.
En otra Resolución Suprema se amplía, del 12 de julio al 10 de agosto, la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, con el fi n de asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico.
Al igual que en la norma referida antes, se establece que la actuación de las Fuerzas Armadas constituirá una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional.
Ambas normas están firmadas por el presidente de la República, Ollanta Humala, y están refrendadas por los ministros de Defensa y del Interior, Jakke Valakivi y José Pérez Guadalupe, respectivamente.