El Tribunal Arbitral internacional encargado del caso “La Oroya”, denominado The Renco Group Inc. contra el Perú resolvió a favor del Estado peruano, informó hoy lunes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El resultado marca un éxito para el Perú en la primera controversia iniciada al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos (APC), reflejando el respeto del Perú por el acuerdo, señaló el MEF.
Como se recuerda, The Renco Group Inc. (“Renco”) es una compañía de Estados Unidos que comenzó un proceso arbitral al amparo del APC contra el Perú el 2011. El proceso arbitral es administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La controversia se relaciona a las operaciones y medidas de remediación ambiental en el complejo metalúrgico de La Oroya – Perú, que Renco adquirió a través de su filial peruana Doe Run Perú S.R.LTDA, mediante un proceso de privatización ocurrido en 1997.
El arbitraje procedió en paralelo con el proceso concursal de Doe Run Perú, así como distintas reclamaciones relacionadas a las condiciones ambientales de La Oroya.
El 15 de julio de 2016, el Tribunal Arbitral internacional constituido para el caso emitió un Laudo Parcial a favor del Perú. Específicamente, el Tribunal concluyó unánimemente que Renco incumplió el APC y que “las reclamaciones de Renco deben ser desestimadas por falta de jurisdicción”. El Tribunal Arbitral sólo reservó la cuestión de la distribución de costas del proceso arbitral.
Este resultado se suma al récord positivo del Perú en los casos de demandas internacionales, manejadas diligentemente dentro del debido proceso, destacó el MEF.
Con esta sentencia, añade, el Perú logró un éxito total en diez casos por medio de laudos y soluciones favorables, y éxito parcial en los dos casos restantes.
En total, el Perú ganó en contra a demandas internacionales por más de US$ 50 000 millones y, adicionalmente, logró decisiones en su favor por aproximadamente US$ 110 millones.
“El Perú ha mostrado una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho, asegurando los principios rectores sobre promoción de la inversión y el desarrollo de la economía y del país”, refiere el MEF.
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