La muerte de cientos de hombres a balazos en plena calle y los cadáveres mutilados en descampados siembran el terror en las barriadas filipinas desde que el presidente Rodrigo Duterte ha lanzado una guerra sin cuartel contra el narcotráfico.
Durante la campaña, el exalcalde de Davao prometió acabar en seis meses con el tráfico de droga y el crimen que carcome el archipiélago matando, si hiciera falta, a miles de delincuentes.
No ha alcanzado su meta, pero desde su investidura como presidente hace un mes se ha desatado una espiral de violencia con cientos de personas muertas a manos de la policía o de civiles convertidos en justicieros con la bendición del presidente.
Cualquiera puede ser acusado de narcotráfico y asesinado.
Una imagen resume los abusos. Bajo los focos de las cámaras de televisión y la mirada horrorizada de personas agrupadas detrás de las cintas amarillas de la policía, una mujer de cuclillas abraza el cadáver de su marido. Lo acababan de matar unos desconocidos.
«Mi marido era inocente. Nunca ha hecho daño a nadie», declaró más tarde Jennilyn Olayres. Michael Siaron tenía 30 años y era conductor de taxi triciclo.
Los asesinos lanzaron cerca del cadáver un trozo de cartón en el escribieron con letras grandes: «vendedor de droga».
Siaron estaba acusado de ser un traficante, pero su tren de vida distaba mucho del de un barón de la droga. Vivía con su esposa en un tugurio encaramado a unos postes con vistas a una alcantarilla.
«A veces intentábamos voluntariamente acostarnos tarde para no tener que preocuparnos más que del almuerzo y de la cena», declaró ella a la agencia AFP.
El asesinado Michael Siaron, según su mujer, forma parte de los 16 millones de filipinos que votaron por Duterte.
La principal cadena filipina, ABS-CBN, da cuenta de 603 muertos desde la elección de Duterte en mayo, de los cuales 211 a manos de hombres armados desconocidos. Hay que recordar que Duterte autorizó a cualquier civil matar a cualquier sospechoso de narcotráfico, incluso a los consumidores, ya que no servían para nada.
Las redadas policiales contra presuntos refugios de traficantes de droga causan muertos cada noche. Las autoridades afirman que todos los sospechosos fallecidos estaban armados y oponían resistencia al arresto.
También se ha disparado el número de asesinatos cometidos por civiles, algunos de ellos en plena calle. Otras veces aparecen cadáveres en terrenos baldíos con la cara envuelta en cinta adhesiva y un cartel a su vera acusándolos de tráfico de estupefacientes.
A finales de julio, Duterte defendió por enésima vez la intransigencia contra el crimen, un principio repetido hasta la saciedad durante la campaña.
Un grupo de más de 200 ONG han denunciado los abusos del gobierno filipino. La diferencia de víctimas en abrumadora. Del 1 de enero al 15 de junio murieron 68 sospechosos de narcotráfico. Con Duterte, se han multiplicado por diez, en poco más de un mes más de 600.
En un carta, las más de 200 ONG que forman el Consorcio Internacional de Control de Drogas han pedido a UNODC y a la INCB que dejen claro al presidente Duterte que debe poner fin a estos «asesinatos extrajudiciales» y debe adoptar «todas las medidas» necesarias para controlar el tráfico de drogas «de acuerdo con el derecho internacional«.
Fuente: lainformacion.com