RÍO DE JANEIRO.- El Partido de los Trabajadores de Brasil denunció este miércoles ante la OEA que la aprobación del Senado del informe que lleva a un juicio político a la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, constituye un golpe de Estado.
Asimismo pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares ante el proceso de destitución de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, según un portavoz del Organismo.
En su denuncia considera que se ha violado el debido proceso de desarrollo en caso de una eventual destitución de la presidenta.
La demanda fue presentada a la CIDH, que ya ha criticado la forma en que se ha desarrollado el proceso de destitución al que se enfrenta Rousseff, miembro del PT, suspendida desde el pasado 12 de mayo y sustituida desde esa fecha por Michel Temer, que hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia.
La medida cautelar es un mecanismo que la CIDH, órgano autónomo de la OEA, adopta cuando cree que hay urgencia a la hora de proteger los derechos de una persona o grupo al existir una situación de riesgo, mientras que las denuncias del sistema de casos suelen tardar años en resolverse por el retraso en los procedimientos debido a la falta de fondos de la entidad.
Si la Comisión no tiene suficiente convicción sobre «el riesgo inminente de daño irreparable» puede no otorgar las medidas cautelares pero tampoco rechazarlas, es decir, quedaría atenta a la evolución de un tema y pidiendo información al Estado en cuestión.
La decisión del PT fue anunciada horas después de que el pleno del Senado, en una sesión dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, aprobara por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomendaba avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que tendrá lugar a finales de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige una medida cautelar que «suspenda» el juicio político contra Rousseff, que califican de «ilegal».
Diputado Carlos Pimenta cuestiona el juicio político aprobado por el Congreso de Brasil contra la mandataria Dilma Rousseff, al considerarlo un golpe de Estado.
En esa denuncia, dijo Pimenta, se presenta «un conjunto de cuestiones que han sido identificadas en el trámite del proceso tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y hasta la Corte Suprema, que están en desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil».
«Vamos a pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y para se restablezca en el país la normalidad democrática», apuntó.
El diputado insistió en que Rousseff «no cometió ningún tipo de crimen y no responde a ningún proceso penal», por lo que el juicio en su contra tiene un carácter «exclusivamente político» que va en contra de lo establecido en la Constitución brasileña.
Rousseff ha sido acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Aunque el informe aprobado por el Senado admite que ninguno de esos cargos tipifican un delito penal, sostiene que sí configuran faltas administrativas graves, que según las leyes que controlan el gasto público y los presupuestos pueden llevar a la destitución de un mandatario. (ECHA- Agencias)